Manuel Gustavo Chacón 29 Años Sin Ti

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Comunicado Público del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño (MOVETE)

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El Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio en el Oriente Antioqueño (MOVETE), denuncia ante los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y opinión pública en general, la muerte presuntamente  violenta de EDMIRO LEON ALZATE LONDOÑO ocurrida el pasado jueves 12 de enero del año en curso y cuyos móviles están por esclarecerse.

EDMIRO LEON, aproximadamente de 53 años de edad, comerciante y ganadero, esposo y padre de tres hijos residente en el municipio de Sonsón e integrante de MOVETE en su dinámica local, se destacó por ser una persona con altas cualidades de liderazgo, con un gran carisma, así como por apoyar a las comunidades y las iniciativas sociales. En la problemática generada por la negociación de los terrenos para el proyecto energético Hidroarma , que se ejecutará en varias veredas pertenecientes a los municipios de Sonsón Antioquia y Aguadas Caldas,  EMIRO venía jugando un papel importante desde la promoción de los derechos de los campesinos, además de su preocupación por el uso de las aguas, cuencas y el desarrollo para la comunidad.

HECHOS.

  1. El jueves 12 de Enero EMIRO se desplazó como era su costumbre a la vereda el Llano Cañaveral que queda a hora y media aproximadamente del casco urbano.  A eso de las 9 am estaba en la vereda compartiendo con vecinos,  de allí se dirigió a su finca Los Mangos, y posteriormente se dirigiría a la finca Cañaveral, de la que era socio, ambas colindantes. 
  2. El viernes 13 de enero es donde hay conciencia de su desaparición dado que no se comunica con su familia ni  contesta su celular.  También el caballar en que se movilizaba aparece en uno de los potreros, hecho que genera la preocupación y la búsqueda de  EDMIRO por familiares y vecinos.
  3. El sábado 14 aún sin aclarar el día se reinicia la búsqueda, siendo encontrado sin vida por un familiar al lado del camino, en uno de los potreros de la finca, con su rostro y cuerpo ensangrentado. Presuntamente muerte violenta.
  4. El domingo 15 se realiza el sepelio  con un gran acompañamiento de la comunidad y en medio del temor por los hechos sin esclarecer.
  5. Es de señalar que nunca anduvo con escoltas, ni portaba armas. Se movilizaba confiadamente en el territorio.

Por lo anterior expresamos nuestra solidaridad y apoyo a su familia, una voz de aliento para sus amigos y la comunidad sonsoneña, a la vez que solicitamos a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos que ocasionaron la muerte de este ciudadano ejemplar.

Como antecedentes desde el Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio queremos señalar este hecho como grave, aumentando nuestras preocupaciones, ¿cómo ocurre este hecho violento en medio de tensiones entre las comunidades por la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en los distintos municipios  del oriente antioqueño?

Hemos venido denunciando permanentemente los procedimientos por parte de las empresas y autoridades ambientales y también los efectos socioambientales ocasionados por dichos proyectos, como puede leerse en el último informe de la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos CCE-EU nodo Antioquia,  donde señalamos  cómo estos  proyectos afectan la permanencia en el territorio y su  relación con la violación de Derechos Humanos en la región.

Este hecho sumado a constantes señalamientos y comentarios mal sanos contra nuestro movimiento y sus integrantes, particularmente en Sonsón nos genera gran vulnerabilidad, por lo que exigimos las garantías constitucionales para ejercer nuestra labor como ciudadanos y ciudadanas en los diferentes espacios como veedurías y demás entes de participación.

MOVETE rechaza enfáticamente la muerte de EDMIRO LEON, cualquier amenaza y señalamiento a nuestros integrantes y comunidades e instamos a que se den las garantías para nuestro proceso social.

Por la vida y la defensa del territorio, MOVETE pues!!.

16 de enero de 2017

Oriente Antioqueño

Movilizaciones en más de 20 ciudades para frenar el CETA

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El próximo 21 de enero la campaña No al TTIP ha convocado junto a otras organizaciones sociales y políticas europeas un Día de Acción Global para demandar al Parlamento Europeo que vote “no” al acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá, el CETA. En el Estado español se han sumado más de 20 ciudades a esta convocatoria.

Está previsto que el próximo 14 de febrero el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo vote la ratificación del CETA. Por tal motivo, la sociedad civil, sindicatos, agricultores y activistas de organizaciones ciudadanas, culturales y políticas de toda Europa, también del todo el Estado español, saldrán a la calle el próximo sábado 21 de enero con el objetivo de frenar este tratado económico y comercial entre la UE y Canadá, también conocido como el “TTIP canadiense”.

“El movimiento europeo contra los acuerdos comerciales como TTIP y CETA ha conseguido poner contra las cuerdas las negociaciones comerciales de la UE”, ha declarado Luis Rico, uno de los portavoces de la campaña. “La sociedad se está rebelando contra el contenido de estos acuerdos, que están pensados únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las grandes empresas. Proponemos un modelo comercial que evite los efectos negativos de la globalización. Por eso el sábado volveremos a salir a la calle para decir que las personas y el planeta están antes que las multinacionales”, ha concluido Rico.

En el caso de que se ratifique del CETA, el próximo 14 de febrero amplias secciones de este acuerdo comercial y de inversiones se aplicarán provisionalmente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los distintos parlamentos nacionales de los 28 miembros de la Unión Europea (UE).

Pero antes de esta votación decisiva, varias comisiones parlamentarias tienen que expresar y votar su opinión sobre el tratado. En diciembre la resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) recomendó votar en contra del CETA. Sin embargo, la Comisión de Medioambiente (ENVI) que se celebró el pasado jueves 12 de enero respaldó el acuerdo. El próximo 24 de enero será la Comisión de Comercio Exterior (INTA) quien tenga que definirse sobre el tratado.

Por este motivo, la campaña No al TTIP ha estado manteniendo numerosos contactos con europarlamentarias y europarlamentarios, y ha celebrado reuniones con representantes de algunas fuerzas políticas en el Parlamento Europeo.

La campaña ha constatado la profunda división interna que existe en los grupos socialdemócrata (S&D) y demócrata-liberal (ALDE), donde diversos europarlamentarios han votado en contra de este tipo de acuerdos y han expuesto sus preocupaciones ante los graves peligros que implica la aplicación de este tratado en aspectos como el empleo, el sector agrícola, el principio de precaución, los servicios públicos o la futura cooperación reguladora.

“Es una falacia decir que este tipo de acuerdos comerciales y de inversión es una forma de gobernar la globalización o de mejorar la gobernanza global”, ha manifestado Cuca Hernández, portavoz de la campaña. “El texto del CETA”, ha añadido Hernández, “llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y el medioambiente; trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales; y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el CETA ahonda la actual crisis global de desregulación del mercado, el empleo y el capital”.

La campaña No al TTIP ha expuesto a las europarlamentarias/os españolas/es que el texto del CETA y la “declaración interpretativa” que la acompaña incluye aspectos preocupantes, tales como:

  • El CETA supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Este acuerdo consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente.
  • En el texto de este acuerdo el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
  • El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
  • El CETA hace que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
  • Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE.
  • El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
  • Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
  • Tanto en Canadá como en la UE, el CETA expondría a agricultoras y agricultores a más presión debido a la competitividad comercial, lo que supondría una debilitación de este sector. Asimismo supondría un mayor impedimento para las políticas de compra pública de promoción de productos de cercanía y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
  • El CETA pone en grave riesgo el principio de precaución consagrado en el Tratado de la UE, principio que protege a consumidores, salud pública y medio ambiente.

- Todas las convocatorias en el Estado español para el 21 de enero aquí >>

2016: año de bolsillos rotos

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Laboratorio de Paz, vereda El Palmar, cuestionado por comunidad y analistas.


Redacción Pueblo
El año pasado fue bastante sufrido para la administración de Vladimir Jaramillo, más pelada que olla de arroz en familia pobre, como la dejó Ortiz. La estela de quejas es diversa: que se sale de sus cabales y maltrata a sus empleados (cosa que Ortiz no hacía, aunque una vez uno de sus empleados quiso tirarse por la ventana del segundo piso por la presión); que es una especie de “faraón” que no tolera disensos internos; que no quiere chanchullos para robarle al pueblo, pero de más arriba se los van poniendo en el camino como flores silvestres; que le puso el pecho a la minería (¿y a la industria?) señalando que no quiere un solo hueco más en el municipio, que no abrió la Unidad de Atención Integral por falta de presupuesto, que infló la burocracia intentando cooptar a todos los sectores (menos a nosotros, que nos resistimos)… Como ya se han comunicado bastante los aciertos, van algunos reparos.


1. Laboratorio de Paz
Es claro que cuando un producto no es bueno, se resalta al máximo lo poquito que lo hace atractivo para poderlo vender. Eso ha pasado con el famoso Laboratorio de Paz. Esta administración pregona que es un regalo, que nunca se encontraría una oferta mejor de recibir una super finca en arriendo por solo 2 millones de pesitos al mes, incluidos los servicios públicos y que mejor dicho el señor Fernando Sierra, Gavilán, está loco: ¡cómo le hace un regalo de esos al municipio!   Pero se le esconden todos los defectos al famoso regalo, a saber:

1. 1. No se menciona la distancia del casco urbano a esta finca:  son 25 kilómetros por una carretera muy iregular, se tarda una hora en carro llegar allá lo que hace que la logística de cualquier reunión o evento cueste un dineral.  Además el lugar no cuenta con salones ni infraestructura para reuniones o algo así, y entonces cada vez hay que contratar carpas, llevar sillas, refrigerios y pagar transporte para todo.  Y además parece que se hacen reuniones y eventos con personas del pueblo o personajes muy importantes como el director del Área Metropolitana y su gente, pero no se hacen reuniones con la gente de la zona.
El objetivo del laboratorio era el de capacitar y hacer labor pedagógica a todas las asociaciones y entes que tienen que ver con el agro, como los cebolleros, los paneleros, los cafeteros, etc., pero nada más piensen cómo hacen para desplazar un grupo de cebolleros desde La Holanda o La Matica hasta este laboratorio si llegar al pueblo les toma una hora en carro y otra hora al laboratorio, para ir a un sitio donde no se produce cebolla, ¡ni nada!

 1.2. No se menciona ni se muestra el estado de la casa y de los terrenos. Si vamos a hablar  de un laboratorio experimental para el agro, se supone que debe ser en una granja  con cultivos fértiles y variados, con infraestructura para albergar gallinas, cerdos, cabras y ganado, que produzca de todo y tenga una casa con salones para reuniones, baños y comodidades para ejercer la función de laboratorio. Que por lo menos la infraestructura disponible compense lo lejos del sitio, pero ni lo uno, ni lo otro.
Qué se puede deducir del regalo que le dan al alcalde con esta finca si es una casa totalmente deteriorada, sin baños para el personal que llega, sin salones, sin sillas ni espacios para reuniones y nada qué decir de sus terrenos.  Acá cabe el famoso dicho: “nadie vende un caballo por bueno”. Gavilán entregó la finca para que se la montaran, por ahora sólo se está produciendo lechugas y algunas hortalizas que con un poco de abono dan en cualquier sitio. Pero allá se tractorizaron varias cuadras a un alto costo y se están haciendo mejoras a la finca a favor del dueño con dineros del pueblo, sin tener claro al entregar la finca todas esas mejoras cómo pasan al dueño.

1.3. Es muy fácil ir a vender este proyecto a un pueblo de 54.000 habitantes hablando maravillas de él y echando cuentos  de alta producción y de que habrán víveres, huevos y demás para los restaurantes escolares, que es un regalo y que es una maravilla de finca, porque se sabe que la gente no tiene acceso a la finca.  ¿Cuánta gente puede llegar a ese tan lejano sitio? Allá no va nadie, a menos que sean los grupos que ellos mismos organizan para llevarlos y que son o estudiantes o ancianos o personas que por el paseo y el refrigerio llegan hablando maravillas, pero no ven de manera objetiva lo que hay allá, no ven la realidad.

En conclusión sobre este tema es fácil deducir por qué salió Tomás Madrid de la secretaría de agricultura, quien se opuso a este descalabro económico para el municipio, porque era obvio que eso no es ningún regalo ni presta la función para el nombre que le pusieron. En los 8 meses que lleva el famoso laboratorio no se ha hecho nada mas que gastar dinero en reuniones con gente que llevan desde otro lado, no hay más que lechugas y aromáticas. Y lo de menos es el arriendo que le regalan a Gavilán pues los gastos de logística y demás son altos y nunca se mencionan.  Además a los habitantes de la zona poco se les invita por allá.
Es claro que el laboratorio en el sitio que está ubicado ni regalado el arriendo seria rentable, o por lo menos económico. Las actividades que se realizan allí no compensan los costos.

2.  Concejo Municipal
Una de las principales funciones del Concejo Municipal es hacer control político. Pero y al concejo ¿quién le hace control? La gestión del 2016 de la mesa directiva del Concejo en cabeza de su presidente Robinson Hernández, quien venía de hacer la presidencia del período anterior, se manejó como una dictadura, sin tener en cuenta a los concejales, sin consultar nada. Para este señor ser el presidente del Concejo le otorga el derecho a hacer lo que quiera sin pedir consentimiento a la corporación, veamos:

2.1. La mesa directiva (el presidente) no hizo consenso con los concejales para tomar las decisiones de contratar un asesor jurídico, una asistente personal y una comunicadora, tres cargos innecesarios dentro del concejo por un costo de 70 millones en el año, porque para eso hay una secretaria de planta y una secretaria ejecutiva, que son suficientes. Hay muchos asesores jurídicos dentro de la administración y una planta grande de comunicadores.  Y más aun si se tiene en cuenta que el municipio pasó de categoría dos a tres, o sea que son menos concejales y muchas menos sesiones.

2.2. Se hizo un cambio de imagen institucional del Concejo, cambiando el logo, la papelería y demás, pero ¿eso qué aporta a la comunidad, si el Concejo sigue siendo el mismo? ¿Qué se hizo diferente que impactara la ciudadanía?

2.3. Se contrataron los servicios de un asesor para el “fortalecimiento institucional” por un valor de 32 millones de pesos por 60 horas de charlas (¿533 mil cada hora de capacitación?) nunca se consultó al concejo sobre este contrato ni sobre los temas a tratar.

2.4. Por lo demás se hizo un viaje a San Andrés por un valor de 40 millones, para solo 8 concejales y dos funcionarios del concejo, ya que dos concejales no fueron al “paseo” y otros tres lo hicieron a otro lado. Esta capacitación salió a un costo de 4 millones por concejal.
En conclusión, el Concejo fue sometido a las decisiones unilaterales del presidente, quien decidió él solo qué se hacia, a quién se contrataba, qué se definía en las capacitaciones y cómo se gastaba el presupuesto y cómo se hacia el nuevo presupuesto. Para el presidente Robinson no hay lugar a que los concejales participen en ninguna decisión.
Además no se vio para nada la función de los dos vicepresidentes de la mesa, solo estuvieron de lujo, nunca participaron en nada, ni hicieron nada por apoyar a los demás concejales en la toma de decisiones internas.

3. En general
A pesar de recibir el municipio con una gran deuda de la administración anterior ésta no ha controlado el gasto de una manera adecuada, acorde con las necesidades del municipio. Este año se pagaron 3.291 millones de pesos por interés y amortización a la deuda, o sea dinero que salió a tapar un hueco heredado y aun así se gasta a manos llenas en contrataciones para pagar cuotas políticas: la administración esta llena de comunicadores y asesores jurídicos, sin contar la cantidad de contratos a personas que no hacen un trabajo que impacte las necesidades de la comunidad. Son tantos los contratistas que se está requiriendo una nueva sede administrativa y se pagan arriendos en otros locales para funcionar algunas dependencias. Es de destacar que algunas secretarías como Agricultura, Planeación, Salud, por los programas que han incluido en esta administración requieren tener más personal de contrato y sin embargo hay casos muy lamentables: Educación tiene un contrato con Evelio Cadavid, ex concejal ya jubilado con un muy buen sueldo contratado en un cargo sin trascendencia, que de ser necesario se debió dar la oportunidad a personas que necesiten el puesto.
En conclusión si habláramos de una administración de cara a la comunidad y con el ánimo de impulsar el desarrollo del Municipio, hoy no estaríamos gastando tanto dinero en cuotas políticas, en un “Laboratorio de Paz” y publicidad.
Si bien se ha gestionado con el Área Metropolitana y el Departamento una buena suma para infraestructura, cabe destacar que la misma se lograría también sin necesidad de hacer tanto gasto y que pasado ya un año no se ha hecho nada aún por la famosa y necesaria  circunvalar que tanto espera la comunidad para  descongestionar la red vial del municipio y mejorar la movilidad. Así mismo se sigue esperando que la administración haga algo urgente por el barrio Santana y todos sus alrededores, ya que es el sector que más crece en el municipio y no se avanza en las vías de acceso a este sector.


Comunicado #2 sobre la situación en Nueva Jerusalén, Bello

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La difícil situación de derechos humanos que se viene presentando en el barrio Nueva Jerusalén del municipio de Bello Antioquia, atenta contra las garantías de permanencia en el territorio y viola los derechos fundamentales de la comunidad. Frente a lo presentando el día de hoy 16 de enero de 2017, la Corporación Jurídica Libertad y la Mesa Interbarrial de Desconectados de Servicios Públicos y Vivienda Digna, informamos que:
  1. El ESMAD ingresó entre las 7 y 8 de la mañana, rodeando en sector, hasta dirigirse al centro del barrio y de manera violenta agredió a la comunidad de Nueva Jerusalén, lanzando gases lacrimógenos, aturdidoras, golpeando, tumbado puertas de las casas; colocando en riego la salud e integridad física y psicológica de los habitantes
  2. Que de los afectados por la brutalidad policial y desmanes cometidos por el ESMAD en su mayoría son niños y adultos mayores.
  3. Se detuvo en horas de la mañana al presidente de la Junta de Acción Comunal José Luis Holguín y el integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica y del Colectivo Lazos de Dignidad Yeison Tabares.
  4. Debido a la difícil situación que se presenta y que aún en estos momentos el ESMAD sigue lanzando gases lacrimógenos, no se ha podido precisar el número total de heridos.
  5. Por la cantidad de gases lacrimógenos la comunidad decidió concentrar en la cancha del barrio a los niños que allí habitan, en este lugar fueron atacados por el ESMAD. En este momento, después de varios intentos torpedeados por el  accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios, se logró evacuar a los menores hacia la Escuela Nicolás Sierra Sierra, donde se encuentran concentrados, pero aún muchos otros niños siguen dentro del barrio recibiendo los gases y las agresiones de la fuerza pública
  6. Hacemos responsable por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas y que se cometan en contra de la comunidad, al Estado colombiano, en especial al alcalde encargado del municipio Bello Jairo Hernán Araque; al Coronel Cuestas, responsable del Distrito 8 de la Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quien está al mando de las operaciones; al inspector de Policía Sexto del Municipio de Bello, quien se supone debería ser la primera autoridad en la diligencia de desalojo y al día de hoy no ha hecho presencia en el territorio de Nueva Jerusalén; al Secretario de Gestión de Riesgo del municipio de Bello Cesar Arango, quien se ha presentado como el vocero autorizado del alcalde encargado y pese a la reglamentación de estas diligencias quien materialmente está ejerciendo como primera autoridad del desalojo.
  7. Hacemos un llamado a Naciones Unidas, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Personería de Bello, Defensoría del Pueblo Regional  Antioquia, Procuraduría Regional de Derechos Humanos Antioquia, para que adelanten todas las gestiones pertinentes que logren cesar estas graves violaciones a los derechos humanos de la comunidad de Nueva Jerusalén
Para ampliar la información
Carolina Moreno Quiroz
Teléfono: 3108051385
Abogada Corporación Jurídica Libertad
Johan Giraldo Ospina
Teléfono: 3207992730
Abogada Corporación Jurídica Libertad
Gabriela Gil
Teléfono: 3127128327
Comunicadora Corporación Jurídica Libertad 


Comunicado sobre los desalojos en Nueva Jerusalén

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Nueva Jerusalén

La Corporación Jurídica Libertad, organización que acompaña a la comunidad del barrio Nueva Jerusalén, conocido por la institucionalidad como barrio Paris Finca el Cortado, informamos que:
1. La diligencia de desalojo notificada por el Inspector Sexto de  Bello el día 28 de diciembre de 2016 y programado para el 12 de enero de 2017, obedece al fallo de segunda instancia, emitido por la sala segunda de oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia el 25 de noviembre de 2013 que ordena realizar estudios del suelo, planes de monitoreo permanente y gestión del riesgo (Dapard, Corantioquia), adecuación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, campañas de educación sanitaria (Municipio de Bello), esquemas de reparación y estabilización socio económica para las víctimas (Unidad municipal de Víctimas -Bello y Medellín) y un plan de reubicación concertado para quienes se encuentren en zonas de alto riesgo (municipio de Bello y Medellín).A la fecha nada de esto ha sido llevado a cabo en su totalidad, pero que de acuerdo al estudio de suelo realizado se determinó que 175 viviendas estaban en situación de muy alto riesgo, por lo que se ordena su desalojo.
2. La fuerza pública empieza a acordonar el barrio Nueva Jerusalén desde las 3:00 a.m. cuando ingresa con unidades de Carabineros que patrullan gran parte del territorio, más tarde siendo casi las 5:00 de la mañana ingresa el Escuadrón Movil Antidisturbios ESMAD agrediendo a la comunidad con gases lacrimógenos, aturdidoras y balas goma, dejando varios habitantes heridos, entre ellos menores de edad, mujeres en embarazo y adultos mayores.
3. Hasta el momento NO SE CONFIRMA la muerte de ningún habitante durante este procedimiento. La Corporación Jurídica Libertad corroboró que al Hospital de Paris ingresaron 7 heridos del barrio Nueva Jerusalén entre ellos dos menores de edad. Los heridos presentaron lesiones en abdomen, heridas en la cara y trauma ocular. Seguimos a la espera de que Secretaria de Salud pueda dar informe sobre otros heridos que acudieron al Hospital Marco Fidel Suárez. Añadimos que otros habitantes que fueron heridos decidieron no acudir a los centros de salud, por temor a dejar sus casas solas.
4. Hacemos un llamado al Ministerio Público para que se apersone de verificar el número de heridos y sus condiciones de Salud.
5. El día de ayer 12 de enero, 25 familias manifestaron su deseo de salir voluntariamente del barrio Nueva Jerusalén, 14 de ellas ya recibieron el subsidio de vivienda y se pudo realizar la salida de 12 familias. Se presentan algunos casos especiales con inquilinos, a quienes se les debe resolver de igual forma su situación.
6. Alertamos a los organismos competentes, organizaciones de derechos humanos y comunidad internacional el riesgo que atraviesa la comunidad de Nueva Jerusalén, por el uso excesivo de la fuerza que ha realizado el ESMAD en su contra.
7. La comunidad de Nueva Jerusalén, sigue a la espera de soluciones definitivas de vivienda que les permita establecerse y vivir en condiciones de dignidad, evitando el desplazamiento intraurbano constante al que se han visto sometidos.
8. Insistimos en que las propuestas realizadas por la comunidad sean escuchadas, que haya garantías plenas para quienes deben ser reubicados, que el fallo dado por el tribunal en el 2013 sea cumplido, puesto que este además del estudio de suelo ordena una serie de acciones que permitan la permanencia en el territorio en condiciones de dignidad que hasta el momento la institucionalidad no ha cumplido a cabalidad.
9. La Corporación Jurídica Libertad y la Mesa Interbarrial de Desconectados y Vivienda Digna, seguirán acompañando a la comunidad de Nueva Jerusalén en perspectiva de ayudar a garantizar los derechos de quienes habitan el territorio y que están siendo vulnerados.



Corporación Jurídica Libertad

Bondades de nueva ley de energías renovables en Colombia, ley 1715 de 2014




Entrada original por: Energía colombianos
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Durante el encuentro anual del sector eléctrico colombiano realizado en octubre del 2014, se discutió acerca de la nueva ley de energías renovabes promulgada de por el congreso de la eepública Ley 1715 del 2014, que define los condiciones para la implementación de las fuentes de energía renovables a gran escala en el país.

Aquí le compartimos un documento elaborado por la firma Baker & McKenzie donde se abordan los retos para su reglamentación y aplicación práctica. 




De la firma en Cartagena a la firma del teatro Colón



 
No es que perder sea ganar un poco ni que no haya mal que por bien no venga. Otra cosa es, que en la política como en todas las competencias, los buenos guerreros son los que racionalizan con rapidez las experiencias, y así las derrotas más duras las convierten en transitorias, para derivar nuevas oportunidades sin perder los nortes. 

Una cosa es aceptar lo fácil: los resultados electorales; pero cosa distinta es entender, asimilar y dimensionar los efectos políticos de los propios reveses. Cuando perdemos, como cuando el triunfo nos sonríe, el mundo no puede seguir siendo el mismo; las derrotas por lo tanto, deben ser analizadas y entendidas. Perder no es ganar un poco. Los que piensan de esa manera, esperan que ganando de a poquitos van construyendo su gran triunfo, en un proceso acumulativo signado por la paciencia y la perseverancia, pues creen que el futuro está sentado esperándolos. 

El acuerdo de La Habana, solemnemente firmado el 26 de septiembre en Cartagena, no podía quedar intacto después de los resultados del plebiscito del 2 de octubre, como algunos malos perdedores seguían reclamando o añorando. Todo en el juego democrático reclama su trámite y no estamos ante una excepción. El actual momento político bien puede entenderse como la necesaria tramitación de los resultados del plebiscito. El triunfo del "no" en ese evento cogió fuera de base hasta a los más entendidos; el propio Uribe se había retirado a su cuartel de invierno en Rionegro y debió cambiarse la piyama para salir a dar sus primeras declaraciones triunfales. Pero más sorpresivo y más impredecible que el resultado, ha sido la cadena de acontecimientos que han sobrevenido luego. El posplebiscito se constituye en una de las coyunturas más apasionantes de nuestra historia reciente: un ejército guerrillero parqueado, izando bandera blanca y esperando que la sociedad se ponga de acuerdo para acogerlo; los jóvenes en calles y plazas reclamando paz y reconciliación; un gobierno antipopular pero legitimado nacional e internacionalmente para refrendar e implementar los nuevos acuerdos; y en la orilla opuesta un grupo de líderes atravesados, armados de mentiras, defendiendo como gatos patas arriba sus propias impunidades y las de unos despojadores de tierras que sienten pasos de animal grande en los acuerdos de La Habana. Entre tanto, las fuerzas que algunos llaman “oscuras” para no tener que nombrarlas, arrecian el exterminio de líderes campesinos y comunitarios para amedrentar a sus representados y de paso, advertir sobre los efectos de la implementación de lo acordado. 


El expresidente Uribe tuvo dos cuatrenios para hacer la paz pero los quemó instigando y tolerando la guerra sucia a sus contradictores de dentro y fuera del Estado. Aún así, torpedea los esfuerzos ajenos para poner fin al conflicto armado y cuando el partido se le acaba, exige tiempo suplementario, “alarguis” que llaman, para meter los goles que desperdició durante todo el cotejo. Sus objeciones al acuerdo de La Habana fueron escuchadas, leídas cuando las puso por escrito y luego llevadas a la mesa de negociación, resultado de lo cual se ha pactado un nuevo texto entre quienes podían hacerlo: las dos partes sentadas en la mesa, el gobierno y la insurgencia. 

Era un secreto a voces; lo sabía el mundo político y hasta el propio Centro Democrático: el expresidente Uribe y sus acólitos iban a rechazar cualquier nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC. Sus declaraciones aparentemente desconcertadas luego de que se hizo tal anuncio desde La Habana, no sorprenden a nadie. Salió a pedir que el nuevo acuerdo fuera provisional mientras su partido lo revisara y le hiciera observaciones, arrogándose una atribución refrendatoria que no tiene, o una condición de parte negociadora que tampoco. 

En el nuevo acuerdo, la mayoría de los cambios introducidos son aclaraciones, precisiones o ajustes jurídicamente irrelevantes. Los acuerdos iniciales para nada afectaban la propiedad privada, ni el modelo económico extractivista, ni la majestad de la justicia, ni la soberanía del Estado, ni mencionaban siquiera la tal “ideología de género”. Contemplaban sí, y siguen contemplando, unos cambios institucionales que suponen reformas a la Constitución, pero que se tramitarán conforme a las normas y procedimientos que la propia Carta política establece. De suerte que la mayor parte de los agregados hechos, son reiteraciones que buscan salirle al paso a las mentiras propaladas por las distintas campañas del no. 

Otro grupo de cambios son reales y disminuyen el alcance de los acuerdos iniciales, poniendo límites o estableciendo restricciones sobre diversos asuntos como el catastro y el impuesto predial, el auxilio económico para la futura organización política, la composición del tribunal de la Jurisdicción Especial de paz, la participación de las FARC en alguna instancia de seguimiento a lo acordado, y las características de las penas para responsables de delitos no amnistiables. 

La modificación realmente preocupante al acuerdo inicial, es el debilitamiento al blindaje jurídico de lo acordado, pues ya no es la totalidad del texto sino los puntos relativos a derechos humanos y derecho internacional humanitario, los que subirán al bloque de constitucionalidad. Esta afectación a la seguridad jurídica, podría balancearse con un blindaje político fuerte, que se esfumó en el torbellino de las urgencias, al descartarse la repetición del plebiscito como mecanismo de refrendación popular y directa del acuerdo, para reemplazarla por un sí mayoritario del Congreso. La defensa del acuerdo y su implementación, de esta manera, se ha convertido en un reto mayor para los jóvenes y las ciudadanías que se han movilizado para rescatarlo, después de que todo parecía consumado con el triunfo del no el 2 de octubre. 

Las modificaciones al texto inicial, no resultaron tan cosméticas como lo hacían prever los resultados del plebiscito. A la luz del escaso 0.4% que marcó la mayoría del “no” sobre el “sí”, los cambios introducidos al texto original aparecen desproporcionados, más aún cuando la opinión nacional conoció la entrevista-confesión del jefe de campaña del Centro Democrático, alardeando de las manipulaciones que hizo para obtener el triunfo. Muy rápidamente quedó claro que una alta proporción del voto ganador, acudió a las urnas engañado y atemorizado con falacias. 

A pesar de la generosidad del nuevo acuerdo, el expresidente sigue diciendo que no, que no es suficiente, que aún quedan reclamos desatendidos, con lo cual destapa sus cartas ante otros jugadores que antes engañaba. Muchos ciudadanos fueron a las urnas el 2 de octubre a votar no, porque lejos de aceptar la violencia política, sinceramente objetaban algunos puntos acordados con las FARC, pero ahora que sus objeciones fueron recogidas o sus equívocos aclarados, no podrán entender que sus dirigentes se sigan revolcando en el pantano de la intransigencia. 

El juego de la extrema derecha ha quedado al descubierto. La búsqueda de una renegociación de un mejor acuerdo, era una mentira más, pero la más grande. Su búsqueda seguirá siendo otra: desarmar a las insurgencias mediante una derrota militar para evitar una negociación, conservar de esa manera sus privilegios y, seguirse manteniendo fuera del alcance de una justicia transicional especializada e independiente. Solo de esa manera, los despojadores podrán mantener su botín y no habrá jueces lo suficientemente empoderados que los obliguen a comparecer. Ese proyecto desde luego, requiere cuatro pasos que el uribismo ya tiene en su agenda: alargar al máximo los procesos de refrendación e implementación de los acuerdos, restarles toda la legitimidad que sea posible, adelantar una campaña electoral para Congreso y presidencia prometiendo su desmonte, y finalmente instalarse en 2018 en la Casa de Nariño para terminar el bloqueo de la implementación. Sabe que el contexto internacional favorece ampliamente sus propósitos, sobre todo después del 20 de enero, cuando el nuevo habitante de la Casa Blanca suelte otra vez los halcones sobre América Latina. 

Los dirigentes del “no” se convirtieron ahora en los jefes del nunca. Su proyecto quedó expuesto abruptamente. Quemaron todos sus cartuchos dilatorios, incluida una tardía propuesta de reunión con quienes siguen llamando “terroristas” y “narcotraficantes”. Se han derramado en declaraciones hostiles contra el gobierno y el Congreso, al que piden ahora revocar. Es en ese contexto que están lanzando su campaña electoral hacia 2018, inocultablemente direccionada a tumbar el esfuerzo de seis años, el más largo, sostenido y complejo de todos para superar la guerra colombiana de más de medio siglo. 


No fue posible una paz nacional consensuada. El Centro Democrático no podrá evadir sus responsabilidades ante la historia, luego de haber dejado a sus contradictores con la mano tendida y empecinarse en unas supuestas “líneas rojas” que se apresta a utilizar electoralmente. En esa misma línea de conducta, tampoco ha dicho “esta boca es mía” frente a la actual cadena de asesinatos contra líderes campesinos y comunitarios en los departamentos donde el conflicto ha castigado con más crudeza. Quisieron los uribistas convertir su inesperado triunfo del 2 de octubre en el golpe de gracia contra la paz negociada, pero se encontraron con que la otra mitad de los votantes, más los que han recapacitado, más los que tardíamente entendieron los acuerdos, o simplemente quedaron satisfechos con el nuevo texto, les estamos diciendo que Colombia sí merece una oportunidad para la paz, y que esa oportunidad es esta, no la que ellos quieran imponer. 

Después de todo, es hora de reconocer que la pervivencia de un conflicto armado interno, anacrónico además, constituye un estado de cosas inconstitucional. Cerrar ese ciclo trágico mediante una negociación, única manera posible de hacerlo, significa simplemente poner en vigencia la Carta política de los colombianos, la que se firmó por y para hacer la paz, la que define a esta como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es una obligación constitucional del jefe del Estado, del gobierno y de todos los poderes públicos alcanzar la paz. Oponerse a la paz negociada es oponerse a la Constitución de 1991 en su letra y en su espíritu, Constitución que han jurado cumplir todos los gobiernos y autoridades públicas posteriores a ella. 

Firmado el nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC el 24 de noviembre en el teatro Colón de Bogotá, y ya próximos a su refrendación e implementación, la “polarización” en el seno de las élites dominantes es más aguda y no se avizoran signos de reunificación en el futuro inmediato, aunque van a aparecer intentos en el curso de las campañas electorales hacia el 2018 que ya están prendiendo motores. Pero igual que en esta coyuntura, las batallas decisivas tendrán lugar en los contextos de la sociedad, la opinión pública y la ciudadanía organizada. El posplebiscito despertó el potencial dormido de esas fuerzas, que si toman conciencia de su capacidad decisoria, podrían continuar marcando la pauta en la coyuntura electoral inmediata y en la más mediata y dilatada de la implementación de los acuerdos de La Habana y la negociación con el ELN. 

No podrá olvidarse que el verdadero triunfo del no a los acuerdos, duró en realidad tres escasos días. Durante ellos vivimos el “apagón” más grave de los tiempos recientes en Colombia. Pero pronto aparecieron las primeras luces: unos grupos de jóvenes en las ciudades capitales que no se resignaron y se les ocurrió que el que van a entregar a sus hijos, no puede ser el mismo país enlutado que heredaron de sus mayores.

Séptima Marcha Carnaval por la vida digna y la defensa del territorio Medellín - Diciembre 2016

 
 
 
En el 2015 nos sorprendió ver a multitud de organizaciones y comunidades carnavaliando por las calles de los barrios de alta ladera de la comuna 6. Más de 29 organizaciones y 11 barrios de la ciudad nos encontramos para reivindicar nuestro amor por la vida digna, la libertad y la justicia social. Esto nos mostró que era posible ser diferentes y encontrarnos para construir juntos, que la diferencia enriquecía las expresiones del Carnaval por la Vida Digna, que le daba sentido a la lucha, pues era la manifestación de un discurso contra hegemónico en el que las clases populares expresan una resistencia ante la imposición de un modelo económico capitalista excluyente, empobrecedor y autoritario. 
 
En estos 7 años Hemos aprendidoque el Carnaval es una manera de resistir con alegría, fuerza y valentía en el territorio, es una manera de encontrarnos para apoyar mutuamente las luchas que hemos decidido iniciar con el ánimo de construir un mundo donde quepan muchos mundos.


El humor carnavalesco, la burla, la ironía, el placer, como expresiones de lo popular, son el enemigo más peligroso del poder, desde la plaza pública, desde la multitud incontrolable, que se ríe de lo impuesto, del impostor, del poderoso. 
 
La Ideología dominante tiende a ocultar las expresiones populares alternativas, que en sus múltiples caras, en su polifonía, se escapan de las manos de la dominación cultural a través de la vida que ríe, del carnaval, de la fiesta. La historia oficial es la de los de arriba que silencia la voz de los abajo que, con todo esto, siguen existiendo con sus voces calladas en busca de huecos, grietas, oportunidades de expresión y resistencia.


Por tanto el carnaval es una herramienta deconstructiva esencial, es decir, un recurso de distanciamiento y rebeldía contra los valores, principios o ideas rígidas que la hegemonía cultural extiende por todos los intersticios de la sociedad.


Lo que queremos, o lo que pensamos, es un mundo nuevo, o un sistema nuevo de gobierno donde el gobierno obedece y el pueblo manda. No copia del que ya hay o darle un agregado a lo que ya hay. No hay libro, manual que nos diga cómo. Ese libro o manual, todavía no está escrito, está todavía en los cerebros con imaginación, en los ojos listos con mirada de algo nuevo que se quiere ver, en los oídos muy atentos para captar lo nuevo que se quiere.


No esperamos que alguien venga y luche por nosotros. No le pedimos a nadie que viniera a luchar por nosotras. Cada lucha es de cada quien, y debemos apoyarnos mutuamente, para que esa lucha sea colectiva, de todos. Quien lucha tiene el derecho de decidir a dónde lleva su camino y con quién camina. El apoyo es respeto y no dirección ni mando. Nadie nos va a liberar, sino nosotros, nosotras mismas.


Es por esto que los invitamos a disfrutar a través del Carnaval por la Vida Digna, este 10 de diciembre en el barrio las independencias, comuna 13, de un espacio de encuentro donde nuestras luchas y resistencias suenen en una polifonía de músicas y expresiones populares, manifestando toda la riqueza de la diferencia, la alegre rebeldía, policromatica, amplia y recogedora.


Acompáñenos a construir un mundo donde el pueblo manda para el bien del mismo pueblo. 
 
Email: mesainterbarrialmedellin@gmail.com

Pos-plebiscito o la paz embolatada


Imagen de una de las tantas marcha realizadas en Colombia tras conocerse los resultados del plebiscito - Fuente El País


Por el carácter primitivo de las herramientas argumentativas que utilizaron los ganadores, y por el tipo de electorado al que lograron movilizar mayoritariamente, el resultado del plebiscito puede leerse como un triunfo del alma premoderna que aún habita en segmentos claves de la sociedad colombiana. Fue un triunfo del oscurantismo político fundado en los miedos y en los odios que no han dejado de producir desolación desde mediados del siglo pasado. 

Hay una ley de la guerra de la que poco hablan sus analistas más reconocidos: la ley de la degradación. Cuando los hombres se destruyen los unos contra los otros, van dejando en el camino su condición humana y van perdiendo todo sentido de solidaridad y de consideración por el dolor ajeno. Los ideales y los grandes proyectos que legitimaban el grito de guerra, se van diluyendo mientras salen a flote los monstruos que cada contrincante lleva dentro. La ley de la degradación se impone no solo a los que combaten sino igualmente a los que presencian, a los que simplemente miran y aceptan vivir la barbarie mientras el sufrimiento sea ajeno, mientras se mantenga en los videos y las fotografías. Existe pues la degradación y la deshumanización en los combatientes y los no combatientes; es la sociedad misma que se hace sorda y muda, es su mueca de indolencia la que alimenta la guerra y el suplicio en ciclos repetitivos. Con razón se ha dicho que las colombianas, son guerras recicladas, pero recicladas por la misma ley de la degradación. 

Ni los indiferentes ni los ignorantes paran nunca las guerras. Es indispensable que se levanten las víctimas y hasta los victimarios para apagarlas, porque los indolentes querrán siempre que continúe el espectáculo. Estoy pensando obviamente en lo ocurrido el 2 de octubre, cuando unas minorías victimizadas allá en la Colombia profunda, votaron SÍ a los acuerdos de La Habana con la esperanza de espantar la guerra que las ha diezmado, pero las mayorías urbanas de este país urbanizado a la fuerza, impusieron la lógica mezquina según la cual la reconciliación y la paz es un asunto de cárceles y castigos para unos o para otros. Los justicieros de ocasión que siempre han convivido con el delito, “descubrieron” que una de las partes (una sola) debía pagar un precio mayor por sus crímenes para que la paz estuviera libre de toda impunidad. ¿Quién saciará pues, su sed de justicia, ahora con sus celebradas mayorías? 

Esa ley de la degradación no pudieron entenderla quienes desde otros países se preguntaron siempre, por qué diablos en Colombia había gente que quería mantener una guerra tan costosa hasta el límite del aniquilamiento. Durante los meses pasados, cuando desde el exterior se escuchaba el rechazo a los acuerdos, nuestro país era mirado por los demás como una primitiva pieza de museo donde aún no existe el diálogo como herramienta para dirimir conflictos. Toda la comunidad internacional, la ONU, la Unión Europea, la Casa Blanca, las ONGs, el Papa Francisco, toda América Latina, se unieron para decirnos que no nos teníamos que matar, que el agua tibia estaba inventada, que votáramos por el SÍ a los acuerdos pues era más conveniente la paz. Era un suicida que estaba a punto de dispararse y la multitud angustiada le gritaba que no lo hiciera, que pensara en sus hijos, que la vida era bella, que todo iba a mejorar tan pronto soltara el arma. 

Parte considerable de la sociedad colombiana sufre la degradación de la guerra. La campaña por el NO expresó de mil maneras esa mezcla perversa de odios, miedos e ignorancias manipulados por el sector más oscuro del establecimiento en Colombia. Los resultados del plebiscito significan para las comunidades más golpeadas por el conflicto armado, la reiteración cruel de que por ahora, seguirán siendo víctimas sin reivindicación. 

Pasados unos días del evento plebiscitario, la confusión es mayúscula. Ni el gobierno, ni las FARC ni la Izquierda democrática estaban preparados para una derrota, y la derecha uribista, como se está evidenciando, tampoco buscaba lo que decía, una renegociación de los acuerdos, sino crear un caos político para transitar con éxito este período previo a la campaña presidencial de 2018, donde aspira a cobrar por ventanilla el triunfo en el plebiscito. Todos los actores son conscientes de la fragilidad del cese al fuego bilateral en las condiciones actuales de incertidumbre, y de los riesgos que se van acumulando en la medida que se prolongue. 

Los resultados del 2 de octubre no mienten sobre las aspiraciones de paz de las víctimas más directas del conflicto. Los que mintieron fueron quienes en nombre de esas víctimas, rechazaron los acuerdos. Simplemente defendían sus intereses azuzando a la Colombia subterránea, que hoy duerme tranquila porque le impidió a Timochenko suceder al presidente Santos en la Casa de Nari. 

Durante la campaña, los líderes del rechazo a los acuerdos centraron sus críticas en la Jurisdicción Especial para la paz; dijeron que los máximos jefes insurgentes debían pagar sus penas en la cárcel y carecer de elegibilidad política. Les vendieron a los ciudadanos la idea de una renegociación de los acuerdos de La Habana, pero cuando obtuvieron las mayorías “pelaron el cobre” y ahora sus críticas abarcan todos los fundamentos de lo acordado. Lo que rechazan sin reconocerlo, es la negociación misma. No lo dicen abiertamente, pero en el fondo siguen añorando una solución militar. 

Predecir las consecuencias del no a los acuerdos resulta difícil. Algunos grupos solo aportan mayor confusión exigiendo al gobierno que proceda de inmediato a implementar los acuerdos, como si el 2 de octubre no hubiera pasado nada, como si en el juego democrático se pudiera ganar con cara y con sello al mismo tiempo. Esas voces destempladas deben reducirse al máximo para que nos apliquemos con seriedad a salir de la encrucijada. Ponerle seriedad es centrar los esfuerzos en la lucha de ideas y en la movilización social que produzcan, ya lo están produciendo, un rápido cambio en la correlación de fuerzas internas que alcance para rescatar los acuerdos firmados en La Habana con el mínimo de modificaciones. De hecho, la precariedad de la mayoría que rechazó los acuerdos, está lejos de legitimar cambios de fondo a lo acordado, como pretenden los uribistas. 

Será la movilización ciudadana, si es capaz de incidir en el 63% que se abstuvo de votar y en muchos de aquellos que votaron por el no, la que finalmente creará el nuevo hecho social y político que le reabra vía a los acuerdos. El momento es favorable porque son los jóvenes quienes se están apersonando de la situación, porque están saliendo a flote la inmoralidad y las manipulaciones que moldearon el resultado, y porque la comunidad internacional le sigue apostando a la paz colombiana. El premio Nobel de paz otorgado al presidente Santos, de igual manera contribuye porque lo oxigena en su peor momento y ante todo, lo fortalece frente a su contradictor más ambicioso y representativo, el expresidente Uribe. 

La suerte de los acuerdos de La Habana y del futuro inmediato del país, son los asuntos que hoy se juegan tanto en las mesas de negociación como en las calles. La ciudadanía y sus representaciones organizadas son débiles en los escenarios institucionales y cerrados, copados por militares, empresarios, políticos profesionales y funcionarios. El único espacio que les favorece es el de la deliberación abierta, donde la libre expresión saque a relucir toda la creatividad y libere la energía de la movilización popular. Solamente el control sobre el escenario callejero puede garantizar a los ciudadanos ser la otra pata de la mesa y evitar que la coyuntura degenere hacia un pacto elitista sin participación decisoria de la población jugada por la paz.
Precisamente en la perspectiva del pacto nacional por la paz, es que cobra mayor importancia la apertura, por fin, de la fase pública de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, cuya agenda, difusa en algunos puntos, es ambiciosa en relación con el protagonismo de la sociedad civil en el proceso de construcción de los acuerdos. Si ese frente de participación social se abre paso con prontitud, podrá articularse exitosamente a la coyuntura de movilización nacional por la paz, que salve tanto los acuerdos de La Habana como los futuros de Quito. 

Un verdadero pacto nacional por la paz, exige centrarse en las expectativas y los intereses de quienes más han sufrido el conflicto. Ellos acompañaron activamente el proceso de las negociaciones y siguen reiterando su generosa actitud de reconciliación. Así, el poder de negociación del uribismo para reclamar modificaciones, ha perdido apoyo en las organizaciones de víctimas más importantes. Su legitimidad está disminuida al tamaño de sus propios intereses, construidos alrededor de una impunidad para los militares y empresarios particulares de su círculo, y de la preservación de la gran propiedad rural ociosa y mafiosa.
Con fecha 9 de octubre el expresidente ha puesto por escrito sus objeciones desorbitadas. Sigue pontificando sobre la justicia como el más autorizado. Cada vez que la menciona, dirige sus señalamientos hacia las FARC, nunca hacia otros actores civiles o uniformados que igual son responsables de graves crímenes; todavía está en la película de los buenos contra los malos. Para los “buenos” sigue proponiendo beneficios, pues su obsesión desde que empezó a negociarse el tema, ha sido que los miembros de la fuerza pública no pasen por la Jurisdicción Especial para la paz, donde únicamente decir la verdad los salvaría de condenas drásticas. Esas verdades que solo saben quienes fueron sus subalternos, y que podrían ser confesadas ante esos tribunales, son la pesadilla que le quita el sueño a Alvaro Uribe. 

El reloj corre hoy en contra de la posible refrendación de los acuerdos. El papel de la movilización popular está referido por lo tanto, al factor tiempo, a que los acuerdos se tramiten y se refrenden cuanto antes, por lo tanto deberá estar lista para exigir el fin de las consultas a los partidarios del no cuando haya transcurrido un plazo razonable. La movilización social que se ha desatado para atajar el regreso de la guerra, necesita crecer y cualificarse, de tal manera que cada ciudadano entienda cada vez mejor su papel transformador en el país que tiene y quiere, y se disponga además a superar dificultades mayores. Sin duda la nota más relevante de la actual coyuntura ha sido el gran despertar de la expresión pública ciudadana, con características propias y distintivas que hablan de un cambio social profundo en la estructura del país, donde surge en la escena política un sector de la juventud no solo sensible sino además bien informado, con capacidad de reacción autónoma frente a crisis como la actual en que la sociedad parece hundirse de nuevo en los abismos de la violencia. Si ese sector se politiza y asume responsabilidades mayores, ha valido la pena esta coyuntura vertiginosa. De su accionar futuro y su capacidad de independencia, va a depender también que no termine cooptado por el establecimiento. Este último, por su parte, sigue profundizando su división y con ella, su incapacidad para canalizar el nuevo auge participativo de las gentes. Ni con la guerra ni con la paz saldrán bien librados los jefes del modelo económico, social y político imperante; por A o por B tendrán que rendir cuentas ante una ciudadanía renovada, que con razones de sobra se preguntará por qué tantos años de sangre y de sufrimiento si la paz era tan barata y además tan rentable.

La revolución es la felicidad


Por Edgar Montenegro

A modo de Homenaje al compañero LEONEL PLAZA, de Engativá, quien murió hace dos años sin alcanzar a dar a conocer masivamente sus importantes aportes al trabajo social y político de la ciudad, el país y el continente.

Hagamos de cuenta que ya se produjeron los hechos económicos, políticos y militares, que finalmente desembocaron en la toma del poder por y para el pueblo, la “revolución colombiana”, profunda, ancha y tan nuestra como la panela. ¿En qué consistiría esa revolución? ¿Cuáles serían sus rasgos más destacados? principalmente “para el pueblo” que se supone es quien se beneficiaria del buen suceso del –ese si- cambio radical de la manera tradicional de dominación política y exclusión económica popular.

La revolución es la búsqueda de la mayor felicidad posible para los pueblos. Y cada persona y las gentes en general “son felices haciendo lo que les gusta”. ¿“Hay alguien más feliz que un padre de familia corriendo tras su niñ@ de tres años punteando en la doble al parque en triciclo”? .. porque hay mucha gente que es feliz haciendo deporte .. desde el individual ping-pong o el ajedrez, cuyas mesas caben en un patio o en un salón, hasta el muy colectivo voleibol, el basket o el futbol, pasando por el tenis, el atletismo, en fin. Pero en cada barrio.. ¿si hay el Parque?, ¿si hay las canchas de tenis, de voleibol, de básquet y futbol?.. ¿hay el Polideportivo para hacer la Olimpiada de la Localidad? A veces hay las instalaciones, pero todo se nos vuelve un negocio de pocos que aprovechan la búsqueda de felicidad de much@s por el deporte.

Y qué decir de las artes, la música, la pintura, la literatura, la escultura, de quienes son felices tocando un instrumento musical, los que lo son aprendiendo y los que lo son enseñando (la flauta, la guitarra, el saxofón, el violín, el piano y la lista es larga), los que organizan un grupo musical, la orquesta, l@s cantantes, el coro, el grupo de danzas, el grupo de teatro. Quienes son felices pintando, haciendo un poema y/o cantando.

Y hay quienes son felices organizando la fiesta anual o de los cumpleaños del mes y los paseos con cualquier buena disculpa. Las tertulias, las conferencias, los debates, el jueves de la palabra al adulto mayor, el círculo femenino o la colonia regional de la Localidad. Todo y cada cosa de estas se planean, pero a veces no hay un sitio para sentarse a planear tanta felicidad o hay el sitio pero no se nos han ocurrido los planes.

Entonces un buen comienzo es tener una Sede, una Casa de la cultura, la sede comunitaria, la casa de todxs, donde cada sector bien puede planear la fiesta, la olimpiada, el paseo, el curso, la tertulia, el debate de los viernes, el festival gastronómico, un desde donde planear lo que sea. Y como se necesita plata, porque como dice la canción “la cuestión es con dinero”, pues allí mismo puede planearse ofrecer el tinto, la empanada, el restaurante popular, el ahorro juicioso para el fondo de tod@s, la cooperativa multiactiva, en fin, que la revolución puede y debe comenzar en cada barrio y vereda, pues “si se trata de planear ser felices, vamos haciéndolo”, decía Leonel Plaza.

A descubrir lo que somos.. para saber nombrarnos



Por Edgar Montenegro

Los invasores de España hace 500 años, para afincar su dominio asesinaron a los Mohamas, Mojanes, Jeques y Caciques nativos, quienes eran los portadores y guardianes de la tradición oral, quemaron los templos con los objetos del recuerdo, se robaron las reliquias fundamentales para la memoria e implantaron su toponimia invasora, esto es, pusieron sus nombres sobre los nombres originales, para así sellar el saqueo y el genocidio.

Empezando por el nombre de Colombia, en homenaje a Colón, el ansioso comerciante que soñaba con un camino corto para llegar a ”las Indias” y poder llevar a Europa las especias (canela, jengibre, pimienta y demás) y sedas de Asia sin tener que pagar los impuestos de los turcos, ni depender de los todopoderosos comerciantes genoveses. Don Cristóbal murió sin tener idea del nuevo continente que su contemporáneo el geógrafo italiano Américo Vespucio les ayudó a los europeos a re/conocer, de ahí el nombre de América.

Pero en Colombia los nativos Caribes le decían Caribia y Caribá a sus tierras y más adentro había decenas de naciones que le decían al oro “lagrimas del sol”, al caucho “árbol que llora” y “madre” a la tierra.

Tenemos que descubrirnos, saber de nosotros. Porque -ejemplo capital- Santafé fue el campamento y sitio militar que le hicieron los ejércitos de Castilla y Aragón a Granada desde 1490 hasta enero del memorable año de 1492 para expulsar a los moros de la península Iberica.

Hace 200 años dizque hubo “independencia”, pero los nombres nos niegan, tenemos 21 Zaragozas, 24 Sevillas, 34 Belenes, 101 San Luises, 115 San Isidros, 146 San Migueles, 178 San Juanes, 169 San Franciscos, 181 San Pedros, 285 San Josés y 307 San Antonios, esto es, recordatorios e imposturas de lugares europeos, bíblicos y del frondoso santoral impuesto. El colmo es aun tener en Bogotá estatuas y avenidas, edificios y colegios que se llaman “Gonzalo Jiménez de Quesada”, el cruel y sanguinario aventurero y que el himno de Bogotá diga la mentira de que “tres guerreros abrieron tus ojos” (como no sea con las espadas) y que dizque “desde entonces no hay codicia en tu gran corazón” cuando desde entonces fue la codicia enfermiza de Don Gonzalo -por el oro- la que se instaló por éstas tierras y sus alrededores, además de la traición y otras desgracias.

Con todo, mandamos a que lo que lleve ese nombre de Gonzalo Jiménez pase a llamarse Jose María Carbonell en memoria de patriota que en 1810 trabajó por el Cabildo Abierto del 20 de Julio y que al notar que se doblegaba sinuoso ante la corona, convocó otro Cabildo para el día siguiente en San Victorino, donde fue elegido Presidente de la Junta Popular Revolucionaria, razón por la cual se lo condenó a la muerte indigna y fue ahorcado por la reconquista española el 19 de junio 1816 en la Huerta de Jaime, hoy Plaza de Los Mártires.

Y empecemos, el Rio San Agustín tomará su nombre original que es Chiguachí, y no Arzobispo el rio, ni Monserrate la montaña sagrada sino Tensacá río y montaña, el San Francisco es el rio Vicachá, y Bacatá es el nombre de nuestra ciudad y La Calera es Teusacá, La Caro es Fusca, el Rio San Cristobal es el Fucha y las provincias de Cundinamarca son Colima, Guacaná, Guabio y Sutagá. El Paramo de Cruz Verde es el de Camanaos, este Altiplano es Chibcha, Sumapaz es Sutagá y Tibsaquillo el territorio de la 26 a la 40. Y el Parque al que le están diciendo Tercer Milenio se llamará del Bicentenario, como que allí desemboca, como en la historia la Avenida de Los Comuneros.

Vamos a descubrir nuestro muy mestizo mundo y a nombrarnos como nos dé la real y antigüa gana, porque somos un haz de múltiples culturas y porque estamos de Santos hasta la aureola !!

Año nuevo… ¿Izquierda nueva?




A pocos meses de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, y de iniciarse un proceso similar con el ELN que supere el conflicto armado colombiano, conviene revisar aspectos subjetivos de la vida política que están imbricados en este trance excepcional en que hemos entrado como sociedad. 

Tanto el establecimiento como las fuerzas alternativas de la Izquierda y el Socialismo, tienen sus propios retos en la perspectiva de la pacificación del país. El gobierno de Santos, igual que otros en décadas pasadas, tiene el inmenso desafío de poner de acuerdo a los poderes regionales y locales que a lo largo y ancho de la geografía nacional han sustentado la emergencia de grupos armados, a veces pequeños ejércitos, que han saboteado desde siempre no solo los proyectos de pacificación sino todos aquellos que han intentado tocar los intereses de las oligarquías anidadas territorialmente. La guerra colombiana ha tenido una fuerte característica territorial que solamente quienes la entiendan, pueden participar en su solución. 


Santos no logrará el objetivo de la paz como quien se sale con la suya. Deberá emprender procesos de negociación inter-oligárquicos que pasan, como ya lo viene haciendo, por convencer a todas las élites de las bondades económicas de la paz, de las oportunidades que se abren a la inversión, los negocios y el crecimiento de sus riquezas. En esa perspectiva, la reciente aprobación por el congreso de las Zidres (zonas de interés de desarrollo rural económico y social), que permitirá a los grandes empresarios agrícolas incorporar la altillanura orinoquense y otras áreas al desarrollo rural capitalista, es algo más que un contrasentido frente a los acuerdos hasta ahora logrados entre el gobierno y las FARC. Es un elemento de negociación con el empresariado agrícola del país y sus gremios, un parte de tranquilidad frente a sus reiterados señalamientos de que el gobierno negocia el modelo de desarrollo económico en la mesa de La Habana. Otro mensaje de tranquilidad, esta vez para el capital financiero y las multinacionales de la construcción, es la subasta de Isagen en plena crisis hídrica y climática para invertir en infraestructura vial; lo anterior para no hablar de las reformas al fuero penal militar que se dictan desde los cuarteles. La paz que hasta hoy está imponiendo Santos, es el resultado de una doble negociación: en Cuba para el desarme de la insurgencia y en Colombia, para que todas las oligarquías se sientan ganadoras con el “pos-conflicto”. 


Solamente los expresidentes que ya intentaron reformas económicas o políticas, saben cuánto vale en este momento, subir a las oligarquías regionales al carro de la paz. El “¿cómo voy yo?” característico de la corrupción pública en la vida colombiana, igualmente funciona y ha funcionado en la búsqueda de la paz para nuestro país. 


Los retos que este período pos-acuerdos plantean a la Izquierda colombiana no son menores. La Izquierda política necesita recomponerse y reagruparse para orientar los procesos educativos y culturales que han de sustentar la construcción de la paz. En esa dirección, tiene la urgencia de repensarse y hacer una catarsis que le permita entenderse a sí misma y poder salir de su ya larga marginalidad. Necesitamos Año nuevo!, País nuevo!... e Izquierda nueva! 


La Izquierda colombiana, aún la más pensante y aún la más divorciada de las estructuras que practican la violencia, no está por encima del conflicto armado que se desató cuando el Frente Nacional devino en pacto excluyente incapaz de integrar socialmente a amplios sectores campesinos y urbanos del país. Con un estado nacional a medio construir, donde el poder político, con pasajeras excepciones, se ha gestionado a través de la historia por medio de las armas, nadie puede pretender situarse por encima del bien y del mal en esta materia, diciendo que un conflicto armado de más de 50 años va por un lado y por otro muy distinto, las luchas populares, sus organizaciones y sus dirigentes. 


La actual Izquierda colombiana está marcada de muchas maneras por el conflicto armado. Ha heredado muchos de sus miedos, de sus odios y sus prejuicios. Es una Izquierda a la defensiva, victimizada, sobreviviente de intensas persecuciones y arbitrariedades donde la impunidad ha sido la regla. De tanto defenderse terminó por invisibilizarse y atrincherarse en pequeños grupos que además, compiten entre ellos por protagonismos de corto alcance que sucumben ante la ofensiva mediática permanente del régimen político. Terminó interiorizando su lejanía del poder negándose a proponer de manera coherente un proyecto de sociedad, principalmente en los planos regionales y locales, a los cuales aplica forzadamente las consignas nacionales de consumo más corriente. No ha sido pues, propositiva, porque perdió su vocación de estado y en lugar de generar esperanza entre la población, entró en un “denuncialismo” compulsivo que señala la maldad de los malos pero que no educa ni construye proyecto de sociedad. 


Si los asuntos anteriores no se ponen en discusión y no se extraen las conclusiones pertinentes, menos entenderemos por qué la finalización del conflicto armado marcará un antes y un después para la política de Izquierda en Colombia. Las cosas serán a otro precio cuando las rebeldías puedan expresarse bajo la certeza de que únicamente el estado posee las armas y las emplea de conformidad con la Constitución Política. 


La lucha por la paz que han emprendido las fuerzas democráticas, y que hoy cristaliza en las negociaciones de Santos con las guerrillas, tiene implícito un reto al establecimiento: el reto a la confrontación política sin recurrir a las armas, sin insurgencia armada ni paramilitarismo, con el exclusivo arbitraje de un estado que legítimamente monopolice los medios de coerción. Estuvo claro desde el principio de la negociación entre el gobierno y las FARC, que el modelo de desarrollo no estaba en juego, y que ninguna reforma social o económica importante haría parte de lo acordado en la mesa de discusión. Lo otro, lo difícil de prever, porque hace parte del juego político y la confrontación de voluntades y liderazgos, son las condiciones subjetivas de la lucha política que abre un desarme de las insurgencias, incorporadas ahora a la lucha civil, con garantías democráticas para todos los movimientos sociales, como esperamos sea el período que se abre con la firma de los acuerdos. 


Es pues, en este plano de las subjetividades, donde empiezan ya a jugarse las cartas más importantes del país sin violencia política organizada que podríamos tener en 2016. Las organizaciones políticas de Izquierda tendrán un escenario nuevo para su actuar cotidiano. No desaparecerán el señalamiento malintencionado, la estigmatización y la guerra sucia mediática contra ellas, pero disueltos los ejércitos con los cuales se les vincula, el discurso inquisidor perderá fuerza en favor de la narración histórica que por fortuna, hace parte de los acuerdos de La Habana. La no repetición del conflicto armado y del matoneo permanente que trajo para los luchadores democráticos y populares, en mucha medida están atados al esclarecimiento de las causas, agencias, estrategias y perpetradores de la violencia. La Izquierda es la primera llamada a empujar la rueda de la verdad histórica, y esta, la única que podrá ir poniendo los puntos sobre las íes, y también poniendo en su lugar el relato dominante sobre la guerra, que es parte de la guerra misma.
Aprovechar un escenario menos adverso no obstante, depende ante todo de la capacidad de esas fuerzas antisistémicas para racionalizar la experiencia vivida y convertirla en sabiduría, de su disposición para entender y aceptar los cambios, unirse y superar las taras que les impuso el conflicto. Se va a necesitar lucidez para adelantar un intenso trabajo programático que permita recuperar la vocación de estado; espíritu crítico y autocrítico, y apertura mental para estimular la participación política de todos los sectores que perdieron la esperanza y la fé en sí mismos, o siempre se han abstenido frente a los asuntos de la vida pública. 


Un escenario de pos-acuerdos indudablemente va a producir conmociones en la derecha radical uribista, pero no la sacará del juego político. Ya ha indicado que irá con todo por el no a la refrendación de los acuerdos, y no es descabellado esperar su endurecimiento apropiando el discurso premoderno y el fanatismo del procurador Ordóñez: ni más ni menos un Laureanismo del siglo XXI llamando a reiniciar la guerra. El tema de la refrendación será precisamente, la primera gran contienda que las fuerzas de la paz tendrán que librar en las nuevas condiciones. Allí empezaremos a ver la cara fresca de una Izquierda que se quiere reinventar, o su rostro ajado y vociferante buscando los viejos fantasmas de la nueva derrota. 


Parte de las nuevas condiciones y el nuevo escenario que se avecinan, tema del cual poco se habla públicamente, es el “aterrizaje” de las FARC y más adelante del ELN en la arena política y electoral, asunto que está en la médula de las negociaciones por lo menos con el primero de los grupos mencionados. Además de otros actores sociales importantes, la vinculación de esa fuerza a la vida pública podría dinamizar la lucha política en dos direcciones claves: una, fortaleciendo los liderazgos de las organizaciones campesinas y étnicas hacia la recuperación de sus tierras, su redistribución y contra el extractivismo; y otra, apoyando la movilización social permanente por las libertades civiles y garantías democráticas, muchas de las cuales quedaron consignadas en los acuerdos de La Habana sobre participación política. 


Además, la mayoría de los comandantes habrán terminado el doctorado intensivo que significan tres años y medio de discusiones, con asesorías nacionales e internacionales, sobre los problemas medulares de la realidad colombiana que han tenido que ver con el conflicto social y armado. Esa experiencia podrá habilitarlos si se lo proponen, como interlocutores válidos frente a los sectores informados de la sociedad y frente a las demás fuerzas de una Izquierda que avanza en su recomposición. Todas son expectativas; están por verse la capacidad de adaptación de los futuros excombatientes a la vida en la legalidad y el tipo de relaciones que establecerán con los distintos sectores de la sociedad, con los gremios del capital, los gremios del trabajo, las minorías, la clase política, las fuerzas armadas y los partidos. Tienen la experiencia político-militar más extensa de todas excluyendo la del propio estado, pero, la racionalizarán?, la evaluarán?, la convertirán en sabiduría? 


La Izquierda colombiana agrupada en partidos o formaciones similares, vale decir las militancias, atraviesan una crisis profunda ideológica y organizativa. Han pasado casi desapercibidas y su desempeño ha sido gris en la actual coyuntura nacional de tránsito hacia la paz. Derrotadas en las mentes de los ciudadanos por el cuento guerrerista de la derecha radical, por la indiferencia de las poblaciones urbanas y por los errores propios, debe aferrarse con más fuerza y convicción a la tabla salvadora de la paz, superar el estado de vacilación y adelantarse a los acontecimientos si de veras aspira a ser fuerza determinante. 


El fin de la violencia política organizada, es decir, del conflicto armado, parece estar cerca. Pero los nubarrones sobre la sostenibilidad de la paz, son densos. No se avizora un liderazgo pos-acuerdos diferente al de la clase política neoliberal, dispuesta a embarcarse en un paquete de reformas constitucionales y legales transitorias que aseguren la desmovilización y desarme completo de las insurgencias, pero que en la perspectiva de su dominación de clase, marquen un giro de 360 grados con regreso al punto de partida. 


Así, la trascendencia de la firma de los acuerdos entre este gobierno y las insurgencias, no está asegurada. Que ella será un manojo de oportunidades, no cabe duda; pero la puja entre proyectos y liderazgos será lo decisivo. A la Izquierda se le agota el tiempo. Aguanta perder la alcaldía de Bogotá y hasta una eventual presidencia de la república, pero la paz no le puede pasar de largo.
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