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De la firma en Cartagena a la firma del teatro Colón



 
No es que perder sea ganar un poco ni que no haya mal que por bien no venga. Otra cosa es, que en la política como en todas las competencias, los buenos guerreros son los que racionalizan con rapidez las experiencias, y así las derrotas más duras las convierten en transitorias, para derivar nuevas oportunidades sin perder los nortes. 

Una cosa es aceptar lo fácil: los resultados electorales; pero cosa distinta es entender, asimilar y dimensionar los efectos políticos de los propios reveses. Cuando perdemos, como cuando el triunfo nos sonríe, el mundo no puede seguir siendo el mismo; las derrotas por lo tanto, deben ser analizadas y entendidas. Perder no es ganar un poco. Los que piensan de esa manera, esperan que ganando de a poquitos van construyendo su gran triunfo, en un proceso acumulativo signado por la paciencia y la perseverancia, pues creen que el futuro está sentado esperándolos. 

El acuerdo de La Habana, solemnemente firmado el 26 de septiembre en Cartagena, no podía quedar intacto después de los resultados del plebiscito del 2 de octubre, como algunos malos perdedores seguían reclamando o añorando. Todo en el juego democrático reclama su trámite y no estamos ante una excepción. El actual momento político bien puede entenderse como la necesaria tramitación de los resultados del plebiscito. El triunfo del "no" en ese evento cogió fuera de base hasta a los más entendidos; el propio Uribe se había retirado a su cuartel de invierno en Rionegro y debió cambiarse la piyama para salir a dar sus primeras declaraciones triunfales. Pero más sorpresivo y más impredecible que el resultado, ha sido la cadena de acontecimientos que han sobrevenido luego. El posplebiscito se constituye en una de las coyunturas más apasionantes de nuestra historia reciente: un ejército guerrillero parqueado, izando bandera blanca y esperando que la sociedad se ponga de acuerdo para acogerlo; los jóvenes en calles y plazas reclamando paz y reconciliación; un gobierno antipopular pero legitimado nacional e internacionalmente para refrendar e implementar los nuevos acuerdos; y en la orilla opuesta un grupo de líderes atravesados, armados de mentiras, defendiendo como gatos patas arriba sus propias impunidades y las de unos despojadores de tierras que sienten pasos de animal grande en los acuerdos de La Habana. Entre tanto, las fuerzas que algunos llaman “oscuras” para no tener que nombrarlas, arrecian el exterminio de líderes campesinos y comunitarios para amedrentar a sus representados y de paso, advertir sobre los efectos de la implementación de lo acordado. 


El expresidente Uribe tuvo dos cuatrenios para hacer la paz pero los quemó instigando y tolerando la guerra sucia a sus contradictores de dentro y fuera del Estado. Aún así, torpedea los esfuerzos ajenos para poner fin al conflicto armado y cuando el partido se le acaba, exige tiempo suplementario, “alarguis” que llaman, para meter los goles que desperdició durante todo el cotejo. Sus objeciones al acuerdo de La Habana fueron escuchadas, leídas cuando las puso por escrito y luego llevadas a la mesa de negociación, resultado de lo cual se ha pactado un nuevo texto entre quienes podían hacerlo: las dos partes sentadas en la mesa, el gobierno y la insurgencia. 

Era un secreto a voces; lo sabía el mundo político y hasta el propio Centro Democrático: el expresidente Uribe y sus acólitos iban a rechazar cualquier nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC. Sus declaraciones aparentemente desconcertadas luego de que se hizo tal anuncio desde La Habana, no sorprenden a nadie. Salió a pedir que el nuevo acuerdo fuera provisional mientras su partido lo revisara y le hiciera observaciones, arrogándose una atribución refrendatoria que no tiene, o una condición de parte negociadora que tampoco. 

En el nuevo acuerdo, la mayoría de los cambios introducidos son aclaraciones, precisiones o ajustes jurídicamente irrelevantes. Los acuerdos iniciales para nada afectaban la propiedad privada, ni el modelo económico extractivista, ni la majestad de la justicia, ni la soberanía del Estado, ni mencionaban siquiera la tal “ideología de género”. Contemplaban sí, y siguen contemplando, unos cambios institucionales que suponen reformas a la Constitución, pero que se tramitarán conforme a las normas y procedimientos que la propia Carta política establece. De suerte que la mayor parte de los agregados hechos, son reiteraciones que buscan salirle al paso a las mentiras propaladas por las distintas campañas del no. 

Otro grupo de cambios son reales y disminuyen el alcance de los acuerdos iniciales, poniendo límites o estableciendo restricciones sobre diversos asuntos como el catastro y el impuesto predial, el auxilio económico para la futura organización política, la composición del tribunal de la Jurisdicción Especial de paz, la participación de las FARC en alguna instancia de seguimiento a lo acordado, y las características de las penas para responsables de delitos no amnistiables. 

La modificación realmente preocupante al acuerdo inicial, es el debilitamiento al blindaje jurídico de lo acordado, pues ya no es la totalidad del texto sino los puntos relativos a derechos humanos y derecho internacional humanitario, los que subirán al bloque de constitucionalidad. Esta afectación a la seguridad jurídica, podría balancearse con un blindaje político fuerte, que se esfumó en el torbellino de las urgencias, al descartarse la repetición del plebiscito como mecanismo de refrendación popular y directa del acuerdo, para reemplazarla por un sí mayoritario del Congreso. La defensa del acuerdo y su implementación, de esta manera, se ha convertido en un reto mayor para los jóvenes y las ciudadanías que se han movilizado para rescatarlo, después de que todo parecía consumado con el triunfo del no el 2 de octubre. 

Las modificaciones al texto inicial, no resultaron tan cosméticas como lo hacían prever los resultados del plebiscito. A la luz del escaso 0.4% que marcó la mayoría del “no” sobre el “sí”, los cambios introducidos al texto original aparecen desproporcionados, más aún cuando la opinión nacional conoció la entrevista-confesión del jefe de campaña del Centro Democrático, alardeando de las manipulaciones que hizo para obtener el triunfo. Muy rápidamente quedó claro que una alta proporción del voto ganador, acudió a las urnas engañado y atemorizado con falacias. 

A pesar de la generosidad del nuevo acuerdo, el expresidente sigue diciendo que no, que no es suficiente, que aún quedan reclamos desatendidos, con lo cual destapa sus cartas ante otros jugadores que antes engañaba. Muchos ciudadanos fueron a las urnas el 2 de octubre a votar no, porque lejos de aceptar la violencia política, sinceramente objetaban algunos puntos acordados con las FARC, pero ahora que sus objeciones fueron recogidas o sus equívocos aclarados, no podrán entender que sus dirigentes se sigan revolcando en el pantano de la intransigencia. 

El juego de la extrema derecha ha quedado al descubierto. La búsqueda de una renegociación de un mejor acuerdo, era una mentira más, pero la más grande. Su búsqueda seguirá siendo otra: desarmar a las insurgencias mediante una derrota militar para evitar una negociación, conservar de esa manera sus privilegios y, seguirse manteniendo fuera del alcance de una justicia transicional especializada e independiente. Solo de esa manera, los despojadores podrán mantener su botín y no habrá jueces lo suficientemente empoderados que los obliguen a comparecer. Ese proyecto desde luego, requiere cuatro pasos que el uribismo ya tiene en su agenda: alargar al máximo los procesos de refrendación e implementación de los acuerdos, restarles toda la legitimidad que sea posible, adelantar una campaña electoral para Congreso y presidencia prometiendo su desmonte, y finalmente instalarse en 2018 en la Casa de Nariño para terminar el bloqueo de la implementación. Sabe que el contexto internacional favorece ampliamente sus propósitos, sobre todo después del 20 de enero, cuando el nuevo habitante de la Casa Blanca suelte otra vez los halcones sobre América Latina. 

Los dirigentes del “no” se convirtieron ahora en los jefes del nunca. Su proyecto quedó expuesto abruptamente. Quemaron todos sus cartuchos dilatorios, incluida una tardía propuesta de reunión con quienes siguen llamando “terroristas” y “narcotraficantes”. Se han derramado en declaraciones hostiles contra el gobierno y el Congreso, al que piden ahora revocar. Es en ese contexto que están lanzando su campaña electoral hacia 2018, inocultablemente direccionada a tumbar el esfuerzo de seis años, el más largo, sostenido y complejo de todos para superar la guerra colombiana de más de medio siglo. 


No fue posible una paz nacional consensuada. El Centro Democrático no podrá evadir sus responsabilidades ante la historia, luego de haber dejado a sus contradictores con la mano tendida y empecinarse en unas supuestas “líneas rojas” que se apresta a utilizar electoralmente. En esa misma línea de conducta, tampoco ha dicho “esta boca es mía” frente a la actual cadena de asesinatos contra líderes campesinos y comunitarios en los departamentos donde el conflicto ha castigado con más crudeza. Quisieron los uribistas convertir su inesperado triunfo del 2 de octubre en el golpe de gracia contra la paz negociada, pero se encontraron con que la otra mitad de los votantes, más los que han recapacitado, más los que tardíamente entendieron los acuerdos, o simplemente quedaron satisfechos con el nuevo texto, les estamos diciendo que Colombia sí merece una oportunidad para la paz, y que esa oportunidad es esta, no la que ellos quieran imponer. 

Después de todo, es hora de reconocer que la pervivencia de un conflicto armado interno, anacrónico además, constituye un estado de cosas inconstitucional. Cerrar ese ciclo trágico mediante una negociación, única manera posible de hacerlo, significa simplemente poner en vigencia la Carta política de los colombianos, la que se firmó por y para hacer la paz, la que define a esta como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es una obligación constitucional del jefe del Estado, del gobierno y de todos los poderes públicos alcanzar la paz. Oponerse a la paz negociada es oponerse a la Constitución de 1991 en su letra y en su espíritu, Constitución que han jurado cumplir todos los gobiernos y autoridades públicas posteriores a ella. 

Firmado el nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC el 24 de noviembre en el teatro Colón de Bogotá, y ya próximos a su refrendación e implementación, la “polarización” en el seno de las élites dominantes es más aguda y no se avizoran signos de reunificación en el futuro inmediato, aunque van a aparecer intentos en el curso de las campañas electorales hacia el 2018 que ya están prendiendo motores. Pero igual que en esta coyuntura, las batallas decisivas tendrán lugar en los contextos de la sociedad, la opinión pública y la ciudadanía organizada. El posplebiscito despertó el potencial dormido de esas fuerzas, que si toman conciencia de su capacidad decisoria, podrían continuar marcando la pauta en la coyuntura electoral inmediata y en la más mediata y dilatada de la implementación de los acuerdos de La Habana y la negociación con el ELN. 

No podrá olvidarse que el verdadero triunfo del no a los acuerdos, duró en realidad tres escasos días. Durante ellos vivimos el “apagón” más grave de los tiempos recientes en Colombia. Pero pronto aparecieron las primeras luces: unos grupos de jóvenes en las ciudades capitales que no se resignaron y se les ocurrió que el que van a entregar a sus hijos, no puede ser el mismo país enlutado que heredaron de sus mayores.

Séptima Marcha Carnaval por la vida digna y la defensa del territorio Medellín - Diciembre 2016

 
 
 
En el 2015 nos sorprendió ver a multitud de organizaciones y comunidades carnavaliando por las calles de los barrios de alta ladera de la comuna 6. Más de 29 organizaciones y 11 barrios de la ciudad nos encontramos para reivindicar nuestro amor por la vida digna, la libertad y la justicia social. Esto nos mostró que era posible ser diferentes y encontrarnos para construir juntos, que la diferencia enriquecía las expresiones del Carnaval por la Vida Digna, que le daba sentido a la lucha, pues era la manifestación de un discurso contra hegemónico en el que las clases populares expresan una resistencia ante la imposición de un modelo económico capitalista excluyente, empobrecedor y autoritario. 
 
En estos 7 años Hemos aprendidoque el Carnaval es una manera de resistir con alegría, fuerza y valentía en el territorio, es una manera de encontrarnos para apoyar mutuamente las luchas que hemos decidido iniciar con el ánimo de construir un mundo donde quepan muchos mundos.


El humor carnavalesco, la burla, la ironía, el placer, como expresiones de lo popular, son el enemigo más peligroso del poder, desde la plaza pública, desde la multitud incontrolable, que se ríe de lo impuesto, del impostor, del poderoso. 
 
La Ideología dominante tiende a ocultar las expresiones populares alternativas, que en sus múltiples caras, en su polifonía, se escapan de las manos de la dominación cultural a través de la vida que ríe, del carnaval, de la fiesta. La historia oficial es la de los de arriba que silencia la voz de los abajo que, con todo esto, siguen existiendo con sus voces calladas en busca de huecos, grietas, oportunidades de expresión y resistencia.


Por tanto el carnaval es una herramienta deconstructiva esencial, es decir, un recurso de distanciamiento y rebeldía contra los valores, principios o ideas rígidas que la hegemonía cultural extiende por todos los intersticios de la sociedad.


Lo que queremos, o lo que pensamos, es un mundo nuevo, o un sistema nuevo de gobierno donde el gobierno obedece y el pueblo manda. No copia del que ya hay o darle un agregado a lo que ya hay. No hay libro, manual que nos diga cómo. Ese libro o manual, todavía no está escrito, está todavía en los cerebros con imaginación, en los ojos listos con mirada de algo nuevo que se quiere ver, en los oídos muy atentos para captar lo nuevo que se quiere.


No esperamos que alguien venga y luche por nosotros. No le pedimos a nadie que viniera a luchar por nosotras. Cada lucha es de cada quien, y debemos apoyarnos mutuamente, para que esa lucha sea colectiva, de todos. Quien lucha tiene el derecho de decidir a dónde lleva su camino y con quién camina. El apoyo es respeto y no dirección ni mando. Nadie nos va a liberar, sino nosotros, nosotras mismas.


Es por esto que los invitamos a disfrutar a través del Carnaval por la Vida Digna, este 10 de diciembre en el barrio las independencias, comuna 13, de un espacio de encuentro donde nuestras luchas y resistencias suenen en una polifonía de músicas y expresiones populares, manifestando toda la riqueza de la diferencia, la alegre rebeldía, policromatica, amplia y recogedora.


Acompáñenos a construir un mundo donde el pueblo manda para el bien del mismo pueblo. 
 
Email: mesainterbarrialmedellin@gmail.com

Pos-plebiscito o la paz embolatada


Imagen de una de las tantas marcha realizadas en Colombia tras conocerse los resultados del plebiscito - Fuente El País


Por el carácter primitivo de las herramientas argumentativas que utilizaron los ganadores, y por el tipo de electorado al que lograron movilizar mayoritariamente, el resultado del plebiscito puede leerse como un triunfo del alma premoderna que aún habita en segmentos claves de la sociedad colombiana. Fue un triunfo del oscurantismo político fundado en los miedos y en los odios que no han dejado de producir desolación desde mediados del siglo pasado. 

Hay una ley de la guerra de la que poco hablan sus analistas más reconocidos: la ley de la degradación. Cuando los hombres se destruyen los unos contra los otros, van dejando en el camino su condición humana y van perdiendo todo sentido de solidaridad y de consideración por el dolor ajeno. Los ideales y los grandes proyectos que legitimaban el grito de guerra, se van diluyendo mientras salen a flote los monstruos que cada contrincante lleva dentro. La ley de la degradación se impone no solo a los que combaten sino igualmente a los que presencian, a los que simplemente miran y aceptan vivir la barbarie mientras el sufrimiento sea ajeno, mientras se mantenga en los videos y las fotografías. Existe pues la degradación y la deshumanización en los combatientes y los no combatientes; es la sociedad misma que se hace sorda y muda, es su mueca de indolencia la que alimenta la guerra y el suplicio en ciclos repetitivos. Con razón se ha dicho que las colombianas, son guerras recicladas, pero recicladas por la misma ley de la degradación. 

Ni los indiferentes ni los ignorantes paran nunca las guerras. Es indispensable que se levanten las víctimas y hasta los victimarios para apagarlas, porque los indolentes querrán siempre que continúe el espectáculo. Estoy pensando obviamente en lo ocurrido el 2 de octubre, cuando unas minorías victimizadas allá en la Colombia profunda, votaron SÍ a los acuerdos de La Habana con la esperanza de espantar la guerra que las ha diezmado, pero las mayorías urbanas de este país urbanizado a la fuerza, impusieron la lógica mezquina según la cual la reconciliación y la paz es un asunto de cárceles y castigos para unos o para otros. Los justicieros de ocasión que siempre han convivido con el delito, “descubrieron” que una de las partes (una sola) debía pagar un precio mayor por sus crímenes para que la paz estuviera libre de toda impunidad. ¿Quién saciará pues, su sed de justicia, ahora con sus celebradas mayorías? 

Esa ley de la degradación no pudieron entenderla quienes desde otros países se preguntaron siempre, por qué diablos en Colombia había gente que quería mantener una guerra tan costosa hasta el límite del aniquilamiento. Durante los meses pasados, cuando desde el exterior se escuchaba el rechazo a los acuerdos, nuestro país era mirado por los demás como una primitiva pieza de museo donde aún no existe el diálogo como herramienta para dirimir conflictos. Toda la comunidad internacional, la ONU, la Unión Europea, la Casa Blanca, las ONGs, el Papa Francisco, toda América Latina, se unieron para decirnos que no nos teníamos que matar, que el agua tibia estaba inventada, que votáramos por el SÍ a los acuerdos pues era más conveniente la paz. Era un suicida que estaba a punto de dispararse y la multitud angustiada le gritaba que no lo hiciera, que pensara en sus hijos, que la vida era bella, que todo iba a mejorar tan pronto soltara el arma. 

Parte considerable de la sociedad colombiana sufre la degradación de la guerra. La campaña por el NO expresó de mil maneras esa mezcla perversa de odios, miedos e ignorancias manipulados por el sector más oscuro del establecimiento en Colombia. Los resultados del plebiscito significan para las comunidades más golpeadas por el conflicto armado, la reiteración cruel de que por ahora, seguirán siendo víctimas sin reivindicación. 

Pasados unos días del evento plebiscitario, la confusión es mayúscula. Ni el gobierno, ni las FARC ni la Izquierda democrática estaban preparados para una derrota, y la derecha uribista, como se está evidenciando, tampoco buscaba lo que decía, una renegociación de los acuerdos, sino crear un caos político para transitar con éxito este período previo a la campaña presidencial de 2018, donde aspira a cobrar por ventanilla el triunfo en el plebiscito. Todos los actores son conscientes de la fragilidad del cese al fuego bilateral en las condiciones actuales de incertidumbre, y de los riesgos que se van acumulando en la medida que se prolongue. 

Los resultados del 2 de octubre no mienten sobre las aspiraciones de paz de las víctimas más directas del conflicto. Los que mintieron fueron quienes en nombre de esas víctimas, rechazaron los acuerdos. Simplemente defendían sus intereses azuzando a la Colombia subterránea, que hoy duerme tranquila porque le impidió a Timochenko suceder al presidente Santos en la Casa de Nari. 

Durante la campaña, los líderes del rechazo a los acuerdos centraron sus críticas en la Jurisdicción Especial para la paz; dijeron que los máximos jefes insurgentes debían pagar sus penas en la cárcel y carecer de elegibilidad política. Les vendieron a los ciudadanos la idea de una renegociación de los acuerdos de La Habana, pero cuando obtuvieron las mayorías “pelaron el cobre” y ahora sus críticas abarcan todos los fundamentos de lo acordado. Lo que rechazan sin reconocerlo, es la negociación misma. No lo dicen abiertamente, pero en el fondo siguen añorando una solución militar. 

Predecir las consecuencias del no a los acuerdos resulta difícil. Algunos grupos solo aportan mayor confusión exigiendo al gobierno que proceda de inmediato a implementar los acuerdos, como si el 2 de octubre no hubiera pasado nada, como si en el juego democrático se pudiera ganar con cara y con sello al mismo tiempo. Esas voces destempladas deben reducirse al máximo para que nos apliquemos con seriedad a salir de la encrucijada. Ponerle seriedad es centrar los esfuerzos en la lucha de ideas y en la movilización social que produzcan, ya lo están produciendo, un rápido cambio en la correlación de fuerzas internas que alcance para rescatar los acuerdos firmados en La Habana con el mínimo de modificaciones. De hecho, la precariedad de la mayoría que rechazó los acuerdos, está lejos de legitimar cambios de fondo a lo acordado, como pretenden los uribistas. 

Será la movilización ciudadana, si es capaz de incidir en el 63% que se abstuvo de votar y en muchos de aquellos que votaron por el no, la que finalmente creará el nuevo hecho social y político que le reabra vía a los acuerdos. El momento es favorable porque son los jóvenes quienes se están apersonando de la situación, porque están saliendo a flote la inmoralidad y las manipulaciones que moldearon el resultado, y porque la comunidad internacional le sigue apostando a la paz colombiana. El premio Nobel de paz otorgado al presidente Santos, de igual manera contribuye porque lo oxigena en su peor momento y ante todo, lo fortalece frente a su contradictor más ambicioso y representativo, el expresidente Uribe. 

La suerte de los acuerdos de La Habana y del futuro inmediato del país, son los asuntos que hoy se juegan tanto en las mesas de negociación como en las calles. La ciudadanía y sus representaciones organizadas son débiles en los escenarios institucionales y cerrados, copados por militares, empresarios, políticos profesionales y funcionarios. El único espacio que les favorece es el de la deliberación abierta, donde la libre expresión saque a relucir toda la creatividad y libere la energía de la movilización popular. Solamente el control sobre el escenario callejero puede garantizar a los ciudadanos ser la otra pata de la mesa y evitar que la coyuntura degenere hacia un pacto elitista sin participación decisoria de la población jugada por la paz.
Precisamente en la perspectiva del pacto nacional por la paz, es que cobra mayor importancia la apertura, por fin, de la fase pública de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, cuya agenda, difusa en algunos puntos, es ambiciosa en relación con el protagonismo de la sociedad civil en el proceso de construcción de los acuerdos. Si ese frente de participación social se abre paso con prontitud, podrá articularse exitosamente a la coyuntura de movilización nacional por la paz, que salve tanto los acuerdos de La Habana como los futuros de Quito. 

Un verdadero pacto nacional por la paz, exige centrarse en las expectativas y los intereses de quienes más han sufrido el conflicto. Ellos acompañaron activamente el proceso de las negociaciones y siguen reiterando su generosa actitud de reconciliación. Así, el poder de negociación del uribismo para reclamar modificaciones, ha perdido apoyo en las organizaciones de víctimas más importantes. Su legitimidad está disminuida al tamaño de sus propios intereses, construidos alrededor de una impunidad para los militares y empresarios particulares de su círculo, y de la preservación de la gran propiedad rural ociosa y mafiosa.
Con fecha 9 de octubre el expresidente ha puesto por escrito sus objeciones desorbitadas. Sigue pontificando sobre la justicia como el más autorizado. Cada vez que la menciona, dirige sus señalamientos hacia las FARC, nunca hacia otros actores civiles o uniformados que igual son responsables de graves crímenes; todavía está en la película de los buenos contra los malos. Para los “buenos” sigue proponiendo beneficios, pues su obsesión desde que empezó a negociarse el tema, ha sido que los miembros de la fuerza pública no pasen por la Jurisdicción Especial para la paz, donde únicamente decir la verdad los salvaría de condenas drásticas. Esas verdades que solo saben quienes fueron sus subalternos, y que podrían ser confesadas ante esos tribunales, son la pesadilla que le quita el sueño a Alvaro Uribe. 

El reloj corre hoy en contra de la posible refrendación de los acuerdos. El papel de la movilización popular está referido por lo tanto, al factor tiempo, a que los acuerdos se tramiten y se refrenden cuanto antes, por lo tanto deberá estar lista para exigir el fin de las consultas a los partidarios del no cuando haya transcurrido un plazo razonable. La movilización social que se ha desatado para atajar el regreso de la guerra, necesita crecer y cualificarse, de tal manera que cada ciudadano entienda cada vez mejor su papel transformador en el país que tiene y quiere, y se disponga además a superar dificultades mayores. Sin duda la nota más relevante de la actual coyuntura ha sido el gran despertar de la expresión pública ciudadana, con características propias y distintivas que hablan de un cambio social profundo en la estructura del país, donde surge en la escena política un sector de la juventud no solo sensible sino además bien informado, con capacidad de reacción autónoma frente a crisis como la actual en que la sociedad parece hundirse de nuevo en los abismos de la violencia. Si ese sector se politiza y asume responsabilidades mayores, ha valido la pena esta coyuntura vertiginosa. De su accionar futuro y su capacidad de independencia, va a depender también que no termine cooptado por el establecimiento. Este último, por su parte, sigue profundizando su división y con ella, su incapacidad para canalizar el nuevo auge participativo de las gentes. Ni con la guerra ni con la paz saldrán bien librados los jefes del modelo económico, social y político imperante; por A o por B tendrán que rendir cuentas ante una ciudadanía renovada, que con razones de sobra se preguntará por qué tantos años de sangre y de sufrimiento si la paz era tan barata y además tan rentable.

La revolución es la felicidad


Por Edgar Montenegro

A modo de Homenaje al compañero LEONEL PLAZA, de Engativá, quien murió hace dos años sin alcanzar a dar a conocer masivamente sus importantes aportes al trabajo social y político de la ciudad, el país y el continente.

Hagamos de cuenta que ya se produjeron los hechos económicos, políticos y militares, que finalmente desembocaron en la toma del poder por y para el pueblo, la “revolución colombiana”, profunda, ancha y tan nuestra como la panela. ¿En qué consistiría esa revolución? ¿Cuáles serían sus rasgos más destacados? principalmente “para el pueblo” que se supone es quien se beneficiaria del buen suceso del –ese si- cambio radical de la manera tradicional de dominación política y exclusión económica popular.

La revolución es la búsqueda de la mayor felicidad posible para los pueblos. Y cada persona y las gentes en general “son felices haciendo lo que les gusta”. ¿“Hay alguien más feliz que un padre de familia corriendo tras su niñ@ de tres años punteando en la doble al parque en triciclo”? .. porque hay mucha gente que es feliz haciendo deporte .. desde el individual ping-pong o el ajedrez, cuyas mesas caben en un patio o en un salón, hasta el muy colectivo voleibol, el basket o el futbol, pasando por el tenis, el atletismo, en fin. Pero en cada barrio.. ¿si hay el Parque?, ¿si hay las canchas de tenis, de voleibol, de básquet y futbol?.. ¿hay el Polideportivo para hacer la Olimpiada de la Localidad? A veces hay las instalaciones, pero todo se nos vuelve un negocio de pocos que aprovechan la búsqueda de felicidad de much@s por el deporte.

Y qué decir de las artes, la música, la pintura, la literatura, la escultura, de quienes son felices tocando un instrumento musical, los que lo son aprendiendo y los que lo son enseñando (la flauta, la guitarra, el saxofón, el violín, el piano y la lista es larga), los que organizan un grupo musical, la orquesta, l@s cantantes, el coro, el grupo de danzas, el grupo de teatro. Quienes son felices pintando, haciendo un poema y/o cantando.

Y hay quienes son felices organizando la fiesta anual o de los cumpleaños del mes y los paseos con cualquier buena disculpa. Las tertulias, las conferencias, los debates, el jueves de la palabra al adulto mayor, el círculo femenino o la colonia regional de la Localidad. Todo y cada cosa de estas se planean, pero a veces no hay un sitio para sentarse a planear tanta felicidad o hay el sitio pero no se nos han ocurrido los planes.

Entonces un buen comienzo es tener una Sede, una Casa de la cultura, la sede comunitaria, la casa de todxs, donde cada sector bien puede planear la fiesta, la olimpiada, el paseo, el curso, la tertulia, el debate de los viernes, el festival gastronómico, un desde donde planear lo que sea. Y como se necesita plata, porque como dice la canción “la cuestión es con dinero”, pues allí mismo puede planearse ofrecer el tinto, la empanada, el restaurante popular, el ahorro juicioso para el fondo de tod@s, la cooperativa multiactiva, en fin, que la revolución puede y debe comenzar en cada barrio y vereda, pues “si se trata de planear ser felices, vamos haciéndolo”, decía Leonel Plaza.

A descubrir lo que somos.. para saber nombrarnos



Por Edgar Montenegro

Los invasores de España hace 500 años, para afincar su dominio asesinaron a los Mohamas, Mojanes, Jeques y Caciques nativos, quienes eran los portadores y guardianes de la tradición oral, quemaron los templos con los objetos del recuerdo, se robaron las reliquias fundamentales para la memoria e implantaron su toponimia invasora, esto es, pusieron sus nombres sobre los nombres originales, para así sellar el saqueo y el genocidio.

Empezando por el nombre de Colombia, en homenaje a Colón, el ansioso comerciante que soñaba con un camino corto para llegar a ”las Indias” y poder llevar a Europa las especias (canela, jengibre, pimienta y demás) y sedas de Asia sin tener que pagar los impuestos de los turcos, ni depender de los todopoderosos comerciantes genoveses. Don Cristóbal murió sin tener idea del nuevo continente que su contemporáneo el geógrafo italiano Américo Vespucio les ayudó a los europeos a re/conocer, de ahí el nombre de América.

Pero en Colombia los nativos Caribes le decían Caribia y Caribá a sus tierras y más adentro había decenas de naciones que le decían al oro “lagrimas del sol”, al caucho “árbol que llora” y “madre” a la tierra.

Tenemos que descubrirnos, saber de nosotros. Porque -ejemplo capital- Santafé fue el campamento y sitio militar que le hicieron los ejércitos de Castilla y Aragón a Granada desde 1490 hasta enero del memorable año de 1492 para expulsar a los moros de la península Iberica.

Hace 200 años dizque hubo “independencia”, pero los nombres nos niegan, tenemos 21 Zaragozas, 24 Sevillas, 34 Belenes, 101 San Luises, 115 San Isidros, 146 San Migueles, 178 San Juanes, 169 San Franciscos, 181 San Pedros, 285 San Josés y 307 San Antonios, esto es, recordatorios e imposturas de lugares europeos, bíblicos y del frondoso santoral impuesto. El colmo es aun tener en Bogotá estatuas y avenidas, edificios y colegios que se llaman “Gonzalo Jiménez de Quesada”, el cruel y sanguinario aventurero y que el himno de Bogotá diga la mentira de que “tres guerreros abrieron tus ojos” (como no sea con las espadas) y que dizque “desde entonces no hay codicia en tu gran corazón” cuando desde entonces fue la codicia enfermiza de Don Gonzalo -por el oro- la que se instaló por éstas tierras y sus alrededores, además de la traición y otras desgracias.

Con todo, mandamos a que lo que lleve ese nombre de Gonzalo Jiménez pase a llamarse Jose María Carbonell en memoria de patriota que en 1810 trabajó por el Cabildo Abierto del 20 de Julio y que al notar que se doblegaba sinuoso ante la corona, convocó otro Cabildo para el día siguiente en San Victorino, donde fue elegido Presidente de la Junta Popular Revolucionaria, razón por la cual se lo condenó a la muerte indigna y fue ahorcado por la reconquista española el 19 de junio 1816 en la Huerta de Jaime, hoy Plaza de Los Mártires.

Y empecemos, el Rio San Agustín tomará su nombre original que es Chiguachí, y no Arzobispo el rio, ni Monserrate la montaña sagrada sino Tensacá río y montaña, el San Francisco es el rio Vicachá, y Bacatá es el nombre de nuestra ciudad y La Calera es Teusacá, La Caro es Fusca, el Rio San Cristobal es el Fucha y las provincias de Cundinamarca son Colima, Guacaná, Guabio y Sutagá. El Paramo de Cruz Verde es el de Camanaos, este Altiplano es Chibcha, Sumapaz es Sutagá y Tibsaquillo el territorio de la 26 a la 40. Y el Parque al que le están diciendo Tercer Milenio se llamará del Bicentenario, como que allí desemboca, como en la historia la Avenida de Los Comuneros.

Vamos a descubrir nuestro muy mestizo mundo y a nombrarnos como nos dé la real y antigüa gana, porque somos un haz de múltiples culturas y porque estamos de Santos hasta la aureola !!

Año nuevo… ¿Izquierda nueva?




A pocos meses de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, y de iniciarse un proceso similar con el ELN que supere el conflicto armado colombiano, conviene revisar aspectos subjetivos de la vida política que están imbricados en este trance excepcional en que hemos entrado como sociedad. 

Tanto el establecimiento como las fuerzas alternativas de la Izquierda y el Socialismo, tienen sus propios retos en la perspectiva de la pacificación del país. El gobierno de Santos, igual que otros en décadas pasadas, tiene el inmenso desafío de poner de acuerdo a los poderes regionales y locales que a lo largo y ancho de la geografía nacional han sustentado la emergencia de grupos armados, a veces pequeños ejércitos, que han saboteado desde siempre no solo los proyectos de pacificación sino todos aquellos que han intentado tocar los intereses de las oligarquías anidadas territorialmente. La guerra colombiana ha tenido una fuerte característica territorial que solamente quienes la entiendan, pueden participar en su solución. 


Santos no logrará el objetivo de la paz como quien se sale con la suya. Deberá emprender procesos de negociación inter-oligárquicos que pasan, como ya lo viene haciendo, por convencer a todas las élites de las bondades económicas de la paz, de las oportunidades que se abren a la inversión, los negocios y el crecimiento de sus riquezas. En esa perspectiva, la reciente aprobación por el congreso de las Zidres (zonas de interés de desarrollo rural económico y social), que permitirá a los grandes empresarios agrícolas incorporar la altillanura orinoquense y otras áreas al desarrollo rural capitalista, es algo más que un contrasentido frente a los acuerdos hasta ahora logrados entre el gobierno y las FARC. Es un elemento de negociación con el empresariado agrícola del país y sus gremios, un parte de tranquilidad frente a sus reiterados señalamientos de que el gobierno negocia el modelo de desarrollo económico en la mesa de La Habana. Otro mensaje de tranquilidad, esta vez para el capital financiero y las multinacionales de la construcción, es la subasta de Isagen en plena crisis hídrica y climática para invertir en infraestructura vial; lo anterior para no hablar de las reformas al fuero penal militar que se dictan desde los cuarteles. La paz que hasta hoy está imponiendo Santos, es el resultado de una doble negociación: en Cuba para el desarme de la insurgencia y en Colombia, para que todas las oligarquías se sientan ganadoras con el “pos-conflicto”. 


Solamente los expresidentes que ya intentaron reformas económicas o políticas, saben cuánto vale en este momento, subir a las oligarquías regionales al carro de la paz. El “¿cómo voy yo?” característico de la corrupción pública en la vida colombiana, igualmente funciona y ha funcionado en la búsqueda de la paz para nuestro país. 


Los retos que este período pos-acuerdos plantean a la Izquierda colombiana no son menores. La Izquierda política necesita recomponerse y reagruparse para orientar los procesos educativos y culturales que han de sustentar la construcción de la paz. En esa dirección, tiene la urgencia de repensarse y hacer una catarsis que le permita entenderse a sí misma y poder salir de su ya larga marginalidad. Necesitamos Año nuevo!, País nuevo!... e Izquierda nueva! 


La Izquierda colombiana, aún la más pensante y aún la más divorciada de las estructuras que practican la violencia, no está por encima del conflicto armado que se desató cuando el Frente Nacional devino en pacto excluyente incapaz de integrar socialmente a amplios sectores campesinos y urbanos del país. Con un estado nacional a medio construir, donde el poder político, con pasajeras excepciones, se ha gestionado a través de la historia por medio de las armas, nadie puede pretender situarse por encima del bien y del mal en esta materia, diciendo que un conflicto armado de más de 50 años va por un lado y por otro muy distinto, las luchas populares, sus organizaciones y sus dirigentes. 


La actual Izquierda colombiana está marcada de muchas maneras por el conflicto armado. Ha heredado muchos de sus miedos, de sus odios y sus prejuicios. Es una Izquierda a la defensiva, victimizada, sobreviviente de intensas persecuciones y arbitrariedades donde la impunidad ha sido la regla. De tanto defenderse terminó por invisibilizarse y atrincherarse en pequeños grupos que además, compiten entre ellos por protagonismos de corto alcance que sucumben ante la ofensiva mediática permanente del régimen político. Terminó interiorizando su lejanía del poder negándose a proponer de manera coherente un proyecto de sociedad, principalmente en los planos regionales y locales, a los cuales aplica forzadamente las consignas nacionales de consumo más corriente. No ha sido pues, propositiva, porque perdió su vocación de estado y en lugar de generar esperanza entre la población, entró en un “denuncialismo” compulsivo que señala la maldad de los malos pero que no educa ni construye proyecto de sociedad. 


Si los asuntos anteriores no se ponen en discusión y no se extraen las conclusiones pertinentes, menos entenderemos por qué la finalización del conflicto armado marcará un antes y un después para la política de Izquierda en Colombia. Las cosas serán a otro precio cuando las rebeldías puedan expresarse bajo la certeza de que únicamente el estado posee las armas y las emplea de conformidad con la Constitución Política. 


La lucha por la paz que han emprendido las fuerzas democráticas, y que hoy cristaliza en las negociaciones de Santos con las guerrillas, tiene implícito un reto al establecimiento: el reto a la confrontación política sin recurrir a las armas, sin insurgencia armada ni paramilitarismo, con el exclusivo arbitraje de un estado que legítimamente monopolice los medios de coerción. Estuvo claro desde el principio de la negociación entre el gobierno y las FARC, que el modelo de desarrollo no estaba en juego, y que ninguna reforma social o económica importante haría parte de lo acordado en la mesa de discusión. Lo otro, lo difícil de prever, porque hace parte del juego político y la confrontación de voluntades y liderazgos, son las condiciones subjetivas de la lucha política que abre un desarme de las insurgencias, incorporadas ahora a la lucha civil, con garantías democráticas para todos los movimientos sociales, como esperamos sea el período que se abre con la firma de los acuerdos. 


Es pues, en este plano de las subjetividades, donde empiezan ya a jugarse las cartas más importantes del país sin violencia política organizada que podríamos tener en 2016. Las organizaciones políticas de Izquierda tendrán un escenario nuevo para su actuar cotidiano. No desaparecerán el señalamiento malintencionado, la estigmatización y la guerra sucia mediática contra ellas, pero disueltos los ejércitos con los cuales se les vincula, el discurso inquisidor perderá fuerza en favor de la narración histórica que por fortuna, hace parte de los acuerdos de La Habana. La no repetición del conflicto armado y del matoneo permanente que trajo para los luchadores democráticos y populares, en mucha medida están atados al esclarecimiento de las causas, agencias, estrategias y perpetradores de la violencia. La Izquierda es la primera llamada a empujar la rueda de la verdad histórica, y esta, la única que podrá ir poniendo los puntos sobre las íes, y también poniendo en su lugar el relato dominante sobre la guerra, que es parte de la guerra misma.
Aprovechar un escenario menos adverso no obstante, depende ante todo de la capacidad de esas fuerzas antisistémicas para racionalizar la experiencia vivida y convertirla en sabiduría, de su disposición para entender y aceptar los cambios, unirse y superar las taras que les impuso el conflicto. Se va a necesitar lucidez para adelantar un intenso trabajo programático que permita recuperar la vocación de estado; espíritu crítico y autocrítico, y apertura mental para estimular la participación política de todos los sectores que perdieron la esperanza y la fé en sí mismos, o siempre se han abstenido frente a los asuntos de la vida pública. 


Un escenario de pos-acuerdos indudablemente va a producir conmociones en la derecha radical uribista, pero no la sacará del juego político. Ya ha indicado que irá con todo por el no a la refrendación de los acuerdos, y no es descabellado esperar su endurecimiento apropiando el discurso premoderno y el fanatismo del procurador Ordóñez: ni más ni menos un Laureanismo del siglo XXI llamando a reiniciar la guerra. El tema de la refrendación será precisamente, la primera gran contienda que las fuerzas de la paz tendrán que librar en las nuevas condiciones. Allí empezaremos a ver la cara fresca de una Izquierda que se quiere reinventar, o su rostro ajado y vociferante buscando los viejos fantasmas de la nueva derrota. 


Parte de las nuevas condiciones y el nuevo escenario que se avecinan, tema del cual poco se habla públicamente, es el “aterrizaje” de las FARC y más adelante del ELN en la arena política y electoral, asunto que está en la médula de las negociaciones por lo menos con el primero de los grupos mencionados. Además de otros actores sociales importantes, la vinculación de esa fuerza a la vida pública podría dinamizar la lucha política en dos direcciones claves: una, fortaleciendo los liderazgos de las organizaciones campesinas y étnicas hacia la recuperación de sus tierras, su redistribución y contra el extractivismo; y otra, apoyando la movilización social permanente por las libertades civiles y garantías democráticas, muchas de las cuales quedaron consignadas en los acuerdos de La Habana sobre participación política. 


Además, la mayoría de los comandantes habrán terminado el doctorado intensivo que significan tres años y medio de discusiones, con asesorías nacionales e internacionales, sobre los problemas medulares de la realidad colombiana que han tenido que ver con el conflicto social y armado. Esa experiencia podrá habilitarlos si se lo proponen, como interlocutores válidos frente a los sectores informados de la sociedad y frente a las demás fuerzas de una Izquierda que avanza en su recomposición. Todas son expectativas; están por verse la capacidad de adaptación de los futuros excombatientes a la vida en la legalidad y el tipo de relaciones que establecerán con los distintos sectores de la sociedad, con los gremios del capital, los gremios del trabajo, las minorías, la clase política, las fuerzas armadas y los partidos. Tienen la experiencia político-militar más extensa de todas excluyendo la del propio estado, pero, la racionalizarán?, la evaluarán?, la convertirán en sabiduría? 


La Izquierda colombiana agrupada en partidos o formaciones similares, vale decir las militancias, atraviesan una crisis profunda ideológica y organizativa. Han pasado casi desapercibidas y su desempeño ha sido gris en la actual coyuntura nacional de tránsito hacia la paz. Derrotadas en las mentes de los ciudadanos por el cuento guerrerista de la derecha radical, por la indiferencia de las poblaciones urbanas y por los errores propios, debe aferrarse con más fuerza y convicción a la tabla salvadora de la paz, superar el estado de vacilación y adelantarse a los acontecimientos si de veras aspira a ser fuerza determinante. 


El fin de la violencia política organizada, es decir, del conflicto armado, parece estar cerca. Pero los nubarrones sobre la sostenibilidad de la paz, son densos. No se avizora un liderazgo pos-acuerdos diferente al de la clase política neoliberal, dispuesta a embarcarse en un paquete de reformas constitucionales y legales transitorias que aseguren la desmovilización y desarme completo de las insurgencias, pero que en la perspectiva de su dominación de clase, marquen un giro de 360 grados con regreso al punto de partida. 


Así, la trascendencia de la firma de los acuerdos entre este gobierno y las insurgencias, no está asegurada. Que ella será un manojo de oportunidades, no cabe duda; pero la puja entre proyectos y liderazgos será lo decisivo. A la Izquierda se le agota el tiempo. Aguanta perder la alcaldía de Bogotá y hasta una eventual presidencia de la república, pero la paz no le puede pasar de largo.

Declaración Final II Asamblea Nacional por la Paz

 
 
Bogota, noviembre 20 de 2015

Contagiados de un inmenso entusiasmo, 1.500 delegados y delegadas de los más variados sectores sociales y políticos, representativos de todo el territorio nacional, nos hemos reunido en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de noviembre en la II Asamblea Nacional por la Paz bajo el lema “Territorios con energía, construyendo paz para la nación”.

A lo largo de 9 meses compartimos esfuerzos y dificultades para hacer realidad este proceso nacional; hoy contamos con muchos sectores y organizaciones sociales dispuestos a continuar en la lucha por la paz con justicia social.

En medio de un espíritu unitario y plural, nos hemos encontrado para afirmar nuestro compromiso por la paz y la democratización de la sociedad, y acordar tareas y mecanismos para la construcción de la paz.

Colombia se ha llenado de esperanza con este proceso, que sin duda beneficiará a todo el pueblo colombiano. El proceso de La Habana entre el gobierno y las FARC cumple ya tres años y a pesar de las dificultades ha permitido importantes acuerdos. Esperamos que la etapa de exploración entre el ELN y el gobierno culmine para dar paso a la fase pública de negociación; esperamos que el gobierno vincule también al EPL a las conversaciones; la paz debe tener un carácter integral.

Un pacto de paz sin transformaciones políticas que democraticen la sociedad y sin cambios en el modelo socio-económico del país hará inviable el tránsito hacia el bienestar y la convivencia que Colombia requiere. Hay que seguir madurando las posibilidades de un proceso constituyente para los cambios que necesita Colombia. Medidas como el alza en las tarifas de energía y la anunciada reforma tributaria, lo único que harán es agravar aún más la ya menguada economía familiar.

Llamamos al gobierno a respetar el carácter bilateral de los acuerdos en la Mesa de La Habana. Medidas unilaterales como el marco para la paz, el plebiscito y otras, lo único que hacen es introducir escollos que dificultan y prolongan la negociación.

La II Asamblea llama al gobierno a respetar los acuerdos de las Mesas de diálogo con las insurgencias, a suspender las operaciones militares contra los campamentos insurgentes en tregua unilateral, a dar el paso de una tregua bilateral inmediata y emprender el desmantelamiento del paramilitarismo.

Se requiere una nueva política petrolera y minero-energética (NPPE) en un escenario de una Colombia del siglo XXI, que incluya una politica ambiental, un programa de defensa de los recursos y respectivas empresas estatales y una política sobre las regalías y la misma renta; por eso la II Asamblea por la paz acoge la propuesta de la USO de un proyecto de Ley orgánica de hidrocarburos, que además tenga en cuenta el propósito de las comunidades relacionado con la calidad de vida que estos proyectos deben garantizar en las zonas de impacto de la industria, la preservación de los ecosistemas y que los recursos sirvan para establecer las bases de la construcción de la paz en Colombia.

La Asamblea llama al gobierno a parar los planes de privatización de Isagen y Ecopetrol; parar la fragmentación de Ecopetrol, y hacer que todas las reversiones pasen a manos de la empresa, igualmente importante es parar la expedición de licencias ambientales en zonas de recursos hídricos. Llamamos a Ecopetrol a parar los despidos de trabajadores y reintegrar a quienes hasta hoy han sido despedidos.

La Asamblea orienta la creación de una MESA SOCIAL MINERO-ENERGÉTICA POR LA PAZ que desarrolle los puntos reivindicativos a conseguir de manera inmediata, pero con propuestas de cambios de legislación política minero-energética de largo plazo. Trascender de un escenario de diálogo y reflexión a un escenario de incidencia significativa en la agenda pública del sector minero energético, requiere de la articulación entre plataformas de la sociedad civil que compartan la apuesta por un sector minero energético incluyente, comprometido con el desarrollo humano integral, la equidad, la preservación socio-ambiental y la paz de Colombia.

El atentado al líder indígena Feliciano Valencia, el asesinato del líder campesino y ambientalista Daniel Abril y la aleve agresión de la fuerza pública el día de ayer contra el campesinado de Argelia Cauca, que ha dejado una persona muerta y cinco heridas, nos obliga a llamar al gobierno para la desmilitarización de las regiones y reconocer el derecho de los pobladores a decidir sobre su territorio y el desarrollo de proyectos comunitarios en el marco de la normalización en la nueva etapa una vez se firmen unos acuerdos de paz. El país está reclamando la libertad de 9.500 presos políticos. Los colombianos no pagamos impuestos para que se destinen a financiar una fuerza pública que dispare contra su propio pueblo.

La construcción de paz requiere la adopción de garantías de no repetición desde el Estado colombiano que implica el reconocimiento de la protesta social como derecho a la participación ciudadana, la identificación de las demandas que les motivan; y la habilitación de canales que den respuesta de fondo a las reclamaciones sociales y populares; el disenso y el conflicto deben dejar de ser valorados como sinónimos de guerra, y entenderse como consustanciales a los procesos democráticos y de formación de ciudadanía.

Es preciso adoptar mecanismos de control y sanción de acciones de violencia y represión de la protesta y el uso abusivo de la fuerza policial, que implica la prohibición estricta de armas de fuego en manifestaciones sociales y la garantía de justicia para las víctimas de agresiones por parte de la Fuerza Pública, lo cual incluye la investigación y juzgamiento por parte de la jurisdicción ordinaria de manera pronta, efectiva y eficaz.

Llamamos el Gobierno y al Congreso de la República a revertir la legislación que limita o criminaliza el ejercicio de la protesta. Entre otras, la Ley de seguridad ciudadana.

La asamblea hace un llamado a los medios de comunicación, a los periodistas y editores a que la información y las diferencias no se tramiten con instrumentos mediáticos de violencia, les invitamos a titular en el sentido de la paz que necesita Colombia.

La paz es un reto nacional y exige de una mayor articulación de las diversas iniciativas que vienen aportando su contingente para el propósito de la solución politica del conflicto armado, por tal motivo proponemos darle un carácter permanente a los equipos de trabajo que organizaron las Asambleas regionales preparatorias, para garantizar la realización de las conclusiones que hoy estamos acogiendo y aportar a la convocatoria para el primer trimestre de 2016 de una Cumbre de iniciativas de paz en la idea de unificar agendas y simplificar espacios para hacer más efectiva nuestra acción por la paz. El sindicalismo no puede ser indiferente frente al destino del país. Llamamos a los trabajadores y a la clase obrera en su conjunto a asumir iniciativas en favor de la paz y a una mayor unidad y coordinación con la Cumbre Agraria.

Llamamos a realizar una gran movilización nacional para defender el proceso de paz y por el cumplimiento de los acuerdos, bajo el lema: “Colombia quiere la paz, con democracia y justicia social” para el 9 de abril de 2016, que convoque a todas las expresiones organizadas o no de la sociedad comprometidas con la paz.

Salimos de esta segunda Asamblea Nacional por la Paz con el compromiso de convertirnos en activistas de 24 horas en la construcción de la paz, para que el pueblo colombiano se erija como un gran protagonista de las transformaciones democráticas para un nuevo país.

Bogota, noviembre 20 de 2015

Libertad para Feliciano Valencia, secuestrado por el Estado Colombiano

 
Comunicado del Congreso de los Pueblos, 
participante del foro social urbano altarnativo y popular

Con indignación,denunciamos que nuestro compañero FELICIANO VALENCIA ha sido detenido por parte del Estado colombiano, el pasado martes 15 de septiembre en el departamento del Cauca, suroccidente colombiano. La captura de Feliciano ratifica la doble agenda del gobierno Santos: por un lado se habla de paz, y por otro agrede a las organizaciones y líderes populares.

El Congreso de los Pueblos, es un movimiento social y político construido por una gran diversidad de procesos que decidimos unirnos para transformar el país. La antesala del CDP fue la MINGA DE RESISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA, proceso que nos permitió reconocer y potenciar las luchas rurales y populares cargadas de diversidad étnica, sabiduría, espiritualidad y poder popular. Este proceso tuvo un impulso fundamental por parte de las comunidades indígenas del Cauca, quienes le apostaron a construir unidad; allí el papel de FELICIANO VALENCIA ha sido fundamental.

Feliciano ha caminado la palabra en la Minga y el Congreso de los Pueblos durante años. Ha sido una de nuestras vocerías, destacado por su papel articulador y su gran capacidad de generar consensos en pro de unificar las luchas populares. Así mismo, el compañero Feliciano viene liderando los procesos de liberación de la madre tierra en el suroccidente colombiano, que confronta directamente a los terratenientes que han despojado de las tierras a nuestro pueblo.

También denunciamos la estigmatización mediática en contra de las formas organizativas de las comunidades indígenas, que pretenden legitimar las opresiones estatales y de los poderes económicos en contra de ellos y ellas. Una muestra clara fue la emisión del programa Séptimo Día, los días 26 de julio y 2 de agosto por canal Caracol; monopolio transnacional que pretendió manipular ideológicamente la visión general del país sobre las comunidades indígenas para mostrar sus tradiciones como "salvajes".

Le exigimos al gobierno coherencia en su discurso y se brinden las garantías a la participación política y a la movilización. Los falsos positivos judiciales que se han venido cometiendo en contra las Organizaciones parte de la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular: Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, la ONIC, así como las amenazas y seguimientos a miembros y a movimientos sociales, hacen parte de la estrategia estatal de golpear y debilitar los movimientos sociales y populares en el contexto de las negociaciones de paz.

Este no es el camino hacia la paz, presidente. Se hace urgente entablar un Gran Diálogo Nacional para hablar de la solución al conflicto social y político del país y negociarlo con el movimiento social y popular. Los acuerdos de paz con las insurgencias no van a servir si el blanco de los ataques por parte del Estado vamos a seguir siendo las personas que día a día luchamos por la paz.

Reasentamientos y movimientos de población en Medellín - Estudio

El desarrollo de la Fase I del Observatorio en sus diferentes etapas produjo un alto nivel de información conceptual, metodológica e instrumental de gran utilidad para avanzar en la construcción progresiva del Observatorio. 

Igualmente, en el desarrollo metodológico de dicha fase se estableció un alto nivel de relación e interacción con los protagonistas centrales de los procesos de reasentamientos y movimientos de población en el Municipio de Medellín: comunidades (organizaciones sociales y territoriales, veedurías y mesas de trabajo) e instituciones públicas (prácticamente todas las relacionadas con este proceso, en el municipio de Medellín). 

Adicionalmente, se han realizado tres eventos académicos: Un Foro en noviembre de 2012 con un invitado internacional, el investigador Carlos Vainer de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, en noviembre de 2013 se realizó el seminario Internacional “Ciudades en transformación: Reasentamientos y Movimientos de Población en el siglo XXI” que contó como ponentes, cuatro invitados internacionales de México, Brasil y Argentina, 7 ponentes institucionales y 7 ponentes de organizaciones comunitarias y en noviembre de 2014 se realizó otro Foro con la invitación del conferencista del Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano IPPUR de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Fabricio de Oliveira. 

Para el inicio del 2014 en el marco del convenio interadministrativo a 3 años vigente entre la Personería y la Universidad Nacional de Colombia, la dinámica del observatorio continúa inventariando y sistematizando información y documentación sobre dichos procesos en el municipio de Medellín. 

Dentro de las limitaciones presupuestales para el inicio de la fase de implementación y la relevante información producida actualmente, las partes acuerdan –en agosto de 2014-comenzar la Fase II con un Acta de Trabajo a 3 meses que aborde la organización y sistematización de la información producida en el año 2013, el diagnóstico en sitio y la puesta en marcha de la plataforma. Dentro de esta etapa, y como una actividad de mayor importancia, innovación e impacto, se inicia la FORMACIÓN DE INVESTIGADORES COMUNITARIOS. Se promueve la comprensión y aprehensión de los derechos en el propio territorio como garantía y protección frente ante la problemática de desalojos y desplazamientos de población generada por obras de desarrollo, riesgos y desastres y violencia socio-política. 

Luego se realiza el diagnóstico en sitio previa formación en instrumentos de recolección de información. Partiendo de este propósito general se estructura el desarrollo de esta corta etapa con tres componentes: Investigativa, formativa e implementación de la Plataforma. 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, desarrolla esta propuesta a través de las escuelas de Planeación Urbano-Regional, Hábitat-Cehap y Medios de Representación. 

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