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4 de marzo de 2014

Denuncian 650 estafas por falsas VIP en Robledo



Condominio Península está en Robledo. El proyecto tiene seis torres que suman 646 apartamentos. Aún faltan 132 para entregar. Foto: ETCE / Johan López

PROPIETARIOS DICEN QUE LO LES PROMETIERON ES DISTINTO A LO QUE RECIBIERON. CONSTRUCTORA LO NIEGA.

Carlos Agudelo hizo un préstamo a 15 años para comprar el apartamento de sus sueños en una unidad con piscina, juegos, zonas verdes, cuartos útiles y parqueaderos.

Aseguró que tiene una deuda de 40 millones de pesos y que la constructora que eligió no le cumplió con lo que le prometió: “Invertí en una supuesta vivienda de interés prioritario que resultó ser falsa porque costó más de lo legal”., dijo.

Por ello se siente estafado y exigió a las autoridades que investiguen a la constructora que habría engañado a unas 650 familias.

La empresa conocida como Escala Constructora empezó a vender los apartamentos del Condominio Península de Robledo en 2009. Agudelo compró en ese año y lo pudo habitar solo hasta 2012.

Entre tanto, Diana Calderón, otra supuesta estafada, afirmó que los retrasos son lo de menos. “La asesora que me mostró los planos me vendió algo diferente a lo que me entregó”.

Los propietarios coinciden con que cuando les vendieron, les aseguraron que por cada seis apartamentos se entregaría un parqueadero. “Son 646 inmuebles, lo que sumaría 107, pero solo respondieron por 32”. Los demás, afirman, los vendieron por 20 millones de pesos cada uno.

Como si fuera poco, en el momento en que las personas separaron el apartamento, la constructora les exigió hasta tres millones de pesos, dinero que no se descontó del valor total del inmueble. Por ello, los propietarios sustentan que la VIP costó más de lo autorizado por la ley (70 salarios mínimos).

El concejal Bernardo Alejandro Guerra explicó que ese cobro es irregular y que hay muchas pruebas para asegurar que ese proyecto es una falsa VIP. “Península está entre los 61 proyectos de Medellín denunciados ante la Fiscalía como falsas VIP”, advirtió.

El corporado agregó que Escala exprime a los propietarios de todas las formas, pues a los cobros irregulares se le añade el cambio de la nomenclatura de los apartamentos. “Cada vivienda tenía un número en la puerta y se los cambiaron por un supuesto error- Cada familia tuvo que pagar 400.000 pesos en la notaría para corregir el número, dinero que debió haber asumido la empresa”.

Eso no es todo. A los apartamentos les faltarían desagües, los tanques de reserva de agua no serían los adecuados, los más de 250 niños que viven allí no tendrían juegos ni los discapacitados parqueaderos. Cosas que estarían en los planos.

Guerra aseguró que a las falencias se le suma que este condominio tenía autorización para construir 28 pisos en cada torre, pero que a cada una le levantó cinco más.

Agregó que pese a que la unidad que tiene seis torres queda en una vía nacional (vía al Mar), las rampas de acceso a los parqueaderos están montadas casi que sobre la calle, lo que significa que no cumple con la distancia.

Frente a las denuncias, Beatriz Roldán, asesora jurídica de la constructora, aseguró que el proyecto es VIP porque las viviendas no costaron más de 70 salarios mínimos. Reconoció el cobro adicional para separar los apartamentos sustentando que son legales y respondió a las denuncias.

Mientras tanto, Agudelo y los demás propietarios que se sienten estafados esperan que la constructora les cumplan que o les devuelvan su dinero.


Escala les responde denuncias a usuarios

Escala Constructora sostuvo que la empresa es legal, al igual que los procedimientos que realizan.

Beatriz Roldán, asesora jurídica de la organización, aseguró que desde el inicio del proyecto a los propietarios se les explicó que la constructora entregaría un parqueadero por cada 10 apartamentos, lo que suma 64. “De esos, 32 son públicos y 32 privados”.

Roldán aseguró que las personas que compraron pretenden que les den todo gratis como si se tratara de casas que da el Gobierno. “Los propietarios confunden VIP con viviendas gratis. A ninguno se le pidió certificado de Sisbén, ni de pobreza absoluta, es un proyecto para personas que ganen más de dos salarios y que tienen con qué pagar”, sostuvo.

La representante explicó que los 70 salarios mínimos legales es lo que se paga por la vivienda no por otras exigencias. Según la constructora, las zonas comunes se entregan en obra negra y son los propietarios los que deben llegar a un acuerdo con la administración para realizar las modificaciones.

La asesora dijo que debido a los señalamientos, la constructora fue retirada de Camacol y de bancos, por lo que tiene retrasos. “Para la piscina y zonas verdes, tenemos tiempo”, agregó.


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