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24 de marzo de 2014

Los sectores populares, territorio en disputa



Es claro que si una actividad de la economía popular tuviera una contabilidad debidamente auditada, pagara impuestos, y tuviera los registros de ley, no sería viable. El no cumplimiento de la ley es una forma de resistencia.
César Giraldo

Las formas económicas y jurídicas legales no permiten la sobrevivencia de los sectores populares. Para sobrevivir hay que saltarlas. En el rebusque es válido el contrabando, el plagio o la invención (poco importa la diferencia), la ocupación del espacio público (Gago, 2013). Son formas de sobrevivencia que se construyen y no le están pidiendo permiso al poder estatal. No se respeta el derecho de propiedad de una marquilla o de un modelo, no se respeta la orden de desocupar el espacio público, no se declaran impuestos.

Este es el aspecto que Hernando De Soto señala en la definición de economía informal. Su argumento consiste en que son actividades desreguladas, por fuera de la legalidad formal, de ahí el concepto informal. Aparte de que esta definición es una tautología, lo informal es lo que está por fuera de las formas, lo paradójico es que son actividades altamente reguladas por la legalidad, pero no por los regímenes sobre lo laboral, la seguridad social, el régimen fiscal, la propiedad raíz, sino reguladas por el código penal, el de policía y el del espacio público. En palabras de Laura Porras (2013), la ley para estos sectores actúa "como espada y no como escudo". Están fuera de la legalidad en lo que tiene que ver con la protección de derechos y al mismo tiempo el cumplimiento de obligaciones correspondiente.

El derecho, que es una construcción social, se convierte en una legalidad que se impone a favor de unos y en contra de otros (Foucault, 1991: 87). En este caso el derecho relega a la economía popular como una actividad ilegal. Como señala Raúl Álvarez (2008) "las prácticas ilegales forman una parte necesaria de las estrategias de supervivencia de la población de los barrios marginales". El no cumplimiento de la ley es una forma de resistencia. Es claro que si una actividad de la economía popular tuviera una contabilidad debidamente auditada, pagara impuestos, y tuviera los registros de ley, no sería viable. Quien hiciera todo esto estaría en desventaja con sus competidores que no lo harían.

Precisamente las políticas de formalización y emprendimiento buscan legalizar dichas actividades, con el objeto de incorporarlas al circuito fiscal (cobrarles impuestos) y al circuito financiero (cobrarles a través del crédito renta por el uso del dinero). Allí hay una disputa en el orden político y en el económico. La disputa tiene que ver con incorporar la economía popular al régimen de acumulación vigente, y el camino de la ilegalidad es una resistencia a dicha vinculación.

Lo anterior no quiere decir que no se vinculen a regímenes de acumulación emergentes (que pueden no llegar a consolidarse) en los cuales existan otras formas de crédito (por ejemplo el llamado en Paga Diario en Colombia) y otras formas políticas de control del territorio, y aquí pueden entrar las fuerzas del narcotráfico, lo que genera otro escenario de conflicto. La economía de la droga va aparejada con formas de acumulación económica, social y política, que entran en disputa con otras formas que se dan al interior de la economía popular. La dificultad reside en que las formas ligadas a la droga generan mayores flujos monetarios y recurren a formas políticas más violentas.

Se presenta una tensión entre la violencia que emana desde el Estado cuando persigue la economía popular por su carácter de ilegal, y la que emana desde los poderes de la droga. Los actores de la economía popular buscan alianzas en uno y otro lado dependiendo de la coyuntura, lo que introduce más inseguridad y conflicto al sector. A su vez el Estado ha creado una serie de dispositivos dirigidos hacia esas poblaciones con el fin de lograr un control social. Los principales programas son los de Transferencias Monetarias Condicionadas (Familias en Acción en Colombia) y el Emprendimiento.

Este es el espacio de disputa en los sectores populares urbanos. Hacia allí es donde deben mirar las fuerzas políticas que se llaman alternativas. Es un campo inestable, pero al mismo tiempo es donde reside la posibilidad de la construcción de un nuevo sujeto social y político.

Un sujeto que está surgiendo y que también acumula capital económico, social y político. Muchos de los integrantes de la economía popular tienen dinero para hacer sus fiestas, pasear, comprar un celular de alta gama, una motocicleta con buen cilindraje, tomarse una cerveza, y en general hacer ciertos gastos que van más allá del consumo vital.

Lo que está detrás son otras formas de acumulación, y otras relaciones sociales que están por fuera del contrato social sobre el cual está construido el Estado de Derecho. La forma como los sectores populares se insertan en el mundo económico y el poco respeto que tienen por la legalidad, significa que está en crisis el paradigma de la ciudadanía liberal vigente.

***

Bibliografía citada

Álvarez, R (2008). De la ley a las prácticas. Confrontaciones sociales por el uso del Derecho. IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica. Rosario 13,14 y 15 de Noviem-bre de 2008. Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Publicación Electrónica http://www.casm.org.ar/nuevo/200812practicasilegales.htm

Foucault, M. (1978/1991) La verdad y las formas jurídicas. Editorial Gedisa, 2ª edición, Barcelona.

Gago, V. (2013). El consumo popular como marca de una época. Periódico Le Monde Diplomatique, edición 172, octubre, Argentina.

Porras, L (2013). "Formalización laboral”: la importancia de re-significar un debate manoseado. Mimeo.


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