1. La Alianza Antioqueña por la paz denuncia ante la ciudadanía antioqueña y de todo el país, que durante este mes de enero ha continuado la ofensiva de estructuras neoparamilitares contra los líderes sociales, especialmente campesinos y comunitarios, que a lo largo del país están comprometidos con la pedagogía de la paz y el apoyo al Acuerdo definitivo para una paz estable y duradera, firmado entre las FARC y el Gobierno en diciembre pasado.

2. En 2016 cayeron 117 dirigentes (cifras de Indepaz) y este mes el último asesinado fue Hernán Enrique Agámez Flórez, miembro de la Asociación Campesina del sur de Córdoba y de la Junta de Acción Comunal de su vereda, el pasado 19 de enero en el municipio de Montelíbano (Córdoba).

3. Denunciamos el reagrupamiento, crecimiento y avance de bandas neoparamilitares en el Departamento. No se pueden ocultar ni su existencia, ni el control que éstas ejercen sobre la población y amplios territorios de Antioquia y del resto del país.

4. Nos preocupa la incapacidad del gobierno nacional para brindar garantías a los líderes sociales, comunales y defensores de Derechos Humanos, cuya labor es de vital importancia para la consolidación de la paz.

5. Los asesinatos y persecuciones a dirigentes y activistas de la paz, son sistemáticos. Rechazamos la tesis de la “no sistematicidad” esgrimida por la Fiscalía General, con la cual asume cada atentado en forma aislada y evade el compromiso con una investigación integral, que ponga en evidencia el complot organizado de los enemigos de la paz contra la implementación de los acuerdos.

6. El Gobierno nacional debe reconocer públicamente la existencia de esta campaña y su sistematicidad innegable, como primera muestra de su voluntad y compromiso con la paz en todo el territorio colombiano.

7. Exigimos respeto y garantías para el ejercicio democrático que busca la consolidación de la paz sostenible en las diferentes regiones del país, y que el gobierno de JUAN MANUEL SANTOS cumpla su obligación constitucional de proteger la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, y en este caso particular, de los activistas sociales que defendemos los acuerdos de paz.
La rama judicial debe cuanto antes esclarecer cada delito y asignar las responsabilidades que correspondan.

8. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales a pronunciarse en defensa de la vida, la paz y los acuerdos, porque solo en unidad podremos parar en seco el proyecto de los violentos, que no se resignan a que vivamos reconciliados como colombianos y colombianas. En particular, reclamamos a las organizaciones que hacen parte de esta Alianza y que tienen cubrimiento nacional, para que se reúnan y acuerden respuestas nacionales oportunas a esta campaña de saboteo a la implementación de los acuerdos.

9. El presidente francés Francois Hollande acaba de pedir al mundo entero apoyar la paz de Colombia en esta hora decisiva. En esa perspectiva reclamamos de la ONU, al Parlamento Europeo, la OEA, la CELAC, la UNASUR, los premios Nobel de paz próximos a reunirse en Bogotá, y a todos los defensores internacionales de derechos humanos, condenar los asesinatos y amenazas sistemáticos contra los luchadores por la paz, que buscan revivir la guerra en Colombia.

Medellín, enero 25 de 2017.