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Redacción Pueblo 



Si resultó escandaloso que Robinson Hernández, presidente del Concejo Municipal, gastara 39.950.000 millones en una capacitación para 9 concejales en San Andrés Islas,  ahora es más que escandaloso que en un solo año se haya gastado 97.350.000 (noventa y siete millones trescientos cincuenta mil) en capacitaciones. 

Así como lo leen. Mientras Vladimir Jaramillo sube los impuestos porque, supone uno, ya no hay de donde más sacar plata, el Concejo cuenta con un presupuesto de más de 600 millones de pesos, de los cuales solo cerca del 60% es realmente necesario para que el concejo cumpla con las funciones que le encomienda la ley. 

Por ejemplo, solo para el 2016 se realizaron 4 contratos por capacitación y, además  se le otorgaron recursos igualmente para capacitación a los concejales  Juan David Bustamante, Diego Andrés Cataño y Julie Bohorquez por valor de 3.300.000 cada uno. 

En campaña, cada candidato muestra sus credenciales, y todos se muestran preparados para ejercer el cargo de concejal. Y ya sabemos que no ganan los mejores,  pero eso no implica que el pueblo deba pagarles capacitaciones en San Andrés. Además, toda la información que requieran está disponible en los libros o en internet, ¿acaso no saben leer?


Tampoco se explica uno si la función del concejo es gastarse la plata en actividades de “formación ciudadana”, en las que gastaron 43 millones, uno de esos contratos otorgado a Francisco Madrid (Pacho escobas) por 11 millones de pesos. Por qué  no mejor cada concejal hace el trabajo de salir a la calle, encontrarse con la gente y "formar" a la comunidad con el mismo espíritu altruista y generoso con el que consiguieron los votos, sin necesidad de comprometer la platica de la gente. O "mejor no vengan, porque  nos salen muy caras esas visiticas, dotores". 





Las preguntas sobre la conveniencia o no de gastar esos recursos en capacitaciones debe hacerse de frente a la realidad fiscal del Municipio, que está teniendo que recurrir al aumento de impuestos para conseguir la plata que algunos funcionarios derrochan tomando el sol en San Andrés o haciendo turismo en Miami. 

Por otra parte, el concejo paga comunicadora que le cuesta más de 27 millones al año;  tiene asesores jurídicos que en el 2016 le costó al erario público más de 24 millones para una corporación integrada en mayor medida por abogados. 

Además, en el mismo año pagó 6 millones para desarrollar una página web cuando la Alcaldía cuenta con una que bien puede alojar la poca información que produce el Concejo (ni siquiera encuentra uno los contratos de la corporación el línea), entre otros gastos que a juzgar por la poca visibilidad que tiene el concejo, se constituyen en lesivos para el bolsillo de los ciudadanos. Diría uno que suficiente tienen con los 8 millones que pagan a Radio Alternativa por 8 meses de programa. 

Cuando es el macabro sistema  de cuotas políticas el que termina definiendo la votación y los debates de los proyectos de acuerdo, no se explica uno para qué tantas capacitaciones y asesorías.  Así las cosas, reducir el presupuesto del concejo es una alternativa para evitar el cobro de más impuestos. Si se deja de lado las costosas capacitaciones y el pago de funcionarios innecesarios, nos podríamos estar ahorrando cerca de 100 millones al año.