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1 de marzo de 2017

Los Equívocos de un Plebiscito Bonapartista

Realizado por Red Socialista de Colombia en: http://ift.tt/2lUP8pa

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Por: Marino Canizales

El pasado 2 de octubre de 2016, la soberbia del presidente Juan Manuel Santos mordió el polvo. Su ambición de legitimar a la vez, mediante un plebiscito bonapartista, tanto el Acuerdo de Paz con la insurgencia de la Farc-EP como su desacreditado gobierno, había sido derrotada en las urnas por una exigua diferencia de 53.894 votos.

El “No” se había impuesto con 6.431.376 votos frente a los 6.377.482 obtenidos por el “Sí”. Esa diferencia de un 0.43% no sólo daba al traste con dicho Acuerdo de Paz, sino que, además, confirmaba con creces lo dicho por Marx en alguna parte: que el derecho es un campo de lucha. Ya antes había quedado tendido en el camino el llamado “marco jurídico para la paz”, promovido por el gobierno y sus aliados en el Congreso de la República, cuando la negociaciones de paz apenas comenzaban. Ante tal esperpento, los voceros de las Farc dijeron ¡no¡, pues todo conducía a una justicia de vencedores y en la mesa de conversaciones esa guerrilla no ostentaba la condición de parte vencida, ni el Estado la de vencedor. Esa certeza fue a su vez la expresión de un principio que sirvió de fundamento a las posiciones y pretensiones tanto del Estado colombiano como de los rebeldes allí presentes.

No estaban ante la bagatela de un “empate técnico”, como suele afirmarlo cierto periodismo ligth. Era el resultado de reconocer, en el campo de la razón y dentro del contexto de una sensata política realista, el carácter anacrónico y degradado de un conflicto de larga duración dentro del cual las partes en contienda se desdibujaban cada vez más, acicateadas por el odio y la barbarie, generando en sus víctimas pasiones semejantes. Finalmente, y a pesar de haber de haber sido aprobado como acto legislativo reformatorio de la Constitución nacional, el “marco jurídico para la paz” terminó desacreditado y los argumentos del Estado no pudieron imponerse.

En su lugar y a buena hora, la propuesta de una justicia transicional y restaurativa sentó sus reales en el espíritu de los negociadores, a pesar de los aullidos de la derecha y de gran parte de los medios de comunicación. Una Jurisdicción Especial de Paz fue pactada convirtiéndose en la joya de la corona dentro del conjunto de los seis puntos que conforman el Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con sus respectivos anexos y protocolos.

Con esa nueva institución los derechos de las víctimas estaban asegurados, dejando atrás la agotada centralidad de la cárcel para los victimarios, tributaria de una justicia retributiva cuyo fracaso a la vista de todos es irrebatible, como ganada estaba también su legitimidad internacional al ser aceptada por la ONU y validada por la Corte Penal Internacional. Los otros cinco puntos, tan complejos y densos como el relativo al “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto” contentivo de la citada Jurisdicción de Paz, también quedaron cubiertos por una legitimidad arduamente tejida por los compromisarios de las partes, Gobierno y las Farc-Ep.

La otra legitimidad, la que aportaría el plebiscito, la cual nadie estaba pidiendo salvo el gobierno, no era más que un añadido perverso. Las tensiones dentro del derecho como campo de lucha así lo demostraron. La derecha en el poder lo mismo que sus válidos, saben que el derecho público refleja relaciones de poder, y que el Estado se expresa a través de normas jurídicas. Tanto el Acuerdo del Paz rechazado el 2 de octubre, como el que resulte de la revisión y modificación de este último, son tratados de derecho público, constitucional e internacional. Se esperaba con razón de aquél, y también con razón de éste, que uno y otro dieran lugar a una apertura democrática y a un nuevo régimen político.

Esta expectativa estaba sustentada y lo sigue estando en el carácter político de la parte insurgente. Si bien es cierto, que el punto que contiene el pacto agrario en el primer Acuerdo es débil, y que el modelo económico de acumulación promovido por el Estado no se haya tocado, al decir del gobierno, también es cierto que el Acuerdo final que resulte después del fiasco de “No”, afectará la fisonomía del Estado y muchas de sus instituciones. Se está ante un Estado de Derecho, así la República que lo gobierna configure una democracia retaceada con oprobiosos niveles de desigualdad y explotación.

En la Habana no se está negociando un contrato de fideicomiso, sino un pacto de paz, un tratado de gobernabilidad en términos constitucionales y de derecho internacional, todo dentro de un complejo entramado de relaciones de poder. No hay que olvidar que el conflicto armado que se intenta desactivar ha sido funcional a la acumulación capitalista, tanto en el campo como en la ciudad. Sin embargo, el presidente Santos subvaloró la relación de fuerzas sociales y políticas que le era desfavorable dentro del país. Debilitado por la multiplicidad de frentes y combinaciones políticas que tenía que atender, terminó siendo presa fácil de su propia arrogancia, confirmando aquello de que “la ambición rompe el saco”. En contravía de lo que la realidad nacional indicaba a todo lector atento de los hechos, sobrevaloró su capacidad de iniciativa y de maniobra y, por consiguiente, su poder presidencial. Durante los últimos cinco meses previos al 2 de octubre, día del plebiscito, los colombianos y colombianas vimos discurrir la política como espectáculo, tanto a nivel interno como externo.

La imagen legitimadora y complaciente de un presidente poderoso e imbatible ante propios y extraños, promovida desde los diferentes nichos del poder central, con pingues dividendos para los medios de comunicación, desconoció el punto de vista y la sensibilidad tanto de las Altas Cortes como de sectores de la población y de fuerzas políticas y sociales en relación con el Acuerdo final. Los avances en la mesa de conversaciones en la Habana, cada vez más notables y robustos al final de proceso, terminaban convertidos en show para la galería por parte del gobierno. La dinámica de las negociaciones llamaba al entusiasmo a tirios y troyanos, olvidando las prevenciones que dicta un escepticismo bien razonado.

Mientras tanto, las derechas, laicas y clericales, armadas y desarmadas, tejían con paciencia a partir de las desconfianzas y reservas que no fueron atendidas con sentido de oportunidad política. El país profundo no fue interpelado. La lucha de clases en Colombia y en la región no estaba suspendida, y menos las pugnas interburguesas. El sigilo y la reserva, la prudencia y la confidencialidad, estaban bien para el buen suceso de las conversaciones entre las partes. Pero la realidad política nacional iba más allá de la Habana si se tiene en cuenta que el diálogo entre el gobierno y las Farc-EP no estuvo respaldado por un movimiento de masas.

Esto no era ni fue la Suráfrica de Nelson Mandela. Ante una aguda confrontación de clases, con altas dosis de terrorismo paramilitar blanco por parte de los afrikáners y atroces actos de terror parte de grupos étnicos negros de la nación Zulú del Sur, el partido Congreso Nacional Africano se movilizó nacionalmente respaldando a su dirección presidida por Mandela y su política de paz. El derecho a la paz como condición de posibilidad de los derechos fundamentales de la población negra se luchó y se ganó en las calles. En Suráfrica no hubo plebiscito y sí una Asamblea Constituyente dentro de la cual se pactó el Gran Acuerdo Nacional que se tradujo en una nueva Constitución Política y en la instauración de un nuevo régimen político, que hicieron posible que Mandela ganara las elecciones para Presidente de una República de mayoría negra, la que llamó en forma brillante “la nación del arco iris” por su gran riqueza pluriétnica y pluricultural, sepultando en forma definitiva el infamante Apartheid .

En Colombia, los diálogos de paz en la Habana no tuvieron un acompañamiento semejante. Sin demeritar en forma alguna la importancia del Acuerdo logrado, la negociación se dio por arriba. El método aplicado por el Gobierno y los Rebeldes de las Farc durante el dilatado proceso de negociación hizo posible la magnitud y la riqueza de sus contenidos. Imposible negar el grado civilidad y cultura política por parte de las Farc – EP que representa dicho Acuerdo. Aquí el método fue también teoría. Sin embargo, el carácter reservado de las negociaciones, todo un acierto, no justifica el tratamiento burocrático y la concepción bonapartista que presidió la defensa pública de lo pactado por parte del gobierno nacional, tanto 13 30 EL TOPO Edición No. Coyuntura Política Nacional en los acuerdos parciales como en el acuerdo final y definitivo. La falta de confianza en las masas y en sus bases sociales por parte de las izquierdas y las organizaciones sociales y sindicales explica en parte la debilidad de la guerrilla al final de la negociación, al aceptar ésta la imposición del plebiscito por parte del gobierno. Una cosa era aceptar la institucionalidad del Estado y el orden jurídico interno en términos constitucionales y negociar políticamente para su transformación. Otra muy distinta aceptar el plebiscito diseñado por el Presidente Santos como fórmula para refrendar el Acuerdo final, así la Corte Constitucional le hubiese dado su aval mediante un pronunciamiento jurisprudencial. Quedó claro, una vez más, que el asunto era una cuestión de relación fuerzas. Por ello se entiende que se haya silenciado un punto tan caro a los insurgentes de las FarcEP, como lo fue el relativo a la Asamblea Nacional Constituyente como reivindicación democrática y de transición.

Como ya lo afirmé antes, el presidente Juan Manuel Santos no tenía, pese a todas las apariencias y sucesos, el control de la hegemonía sobre el bloque de clases en el poder. Al nombrar al expresidente César Gaviria director de la campaña por el “Sí”, y a su desacreditada Ministra de Educación, Gina Parody, gerente de dicha campaña, prevalido de los resultados de las encuestas, convirtió en caricatura la figura constitucional de la participación política, quedando aún más debilitado por los resultados adversos y el triunfo de “No”. Los partidos de la coalición de gobierno, la Unidad Nacional, ante un proceso de negociación cautivo de las ambicione políticas del Presidente de la República, hicieron mutis por el foro, mutismo que se repite después de las jornadas del 2 de octubre.

De nuevo el bonapartismo presidencial hace presencia, sólo que en condiciones adversas, pues la relación de fuerzas, una vez más, lo muestra débil, abriendo con afán de momento las puertas de la casa de Nariño para superar el impase político generado por la derrota del “Sí”. Si bien es cierto que el “No” gana por una exigua diferencia de 53.894 votos, también lo es que existe otra realidad de la cual se habla poco, así sea amorfa y de voces inaudibles : un 63% de abstención en relación con el censo electoral vigente. Este crudo dato estadístico es también, cómo ignorarlo, un hecho político importante. Ante un Acuerdo de paz, aún sin implementar y lleno de positivas potencialidades, siendo una de ellas, sino la más importante, el retiro de las armas de la lucha política y el abandono de la siniestra fórmula de la combinación de las formas de lucha, que la abstención presente tal magnitud, obliga a preguntarse por el nivel descrédito o aceptación del presidente Juan Manuel Santos como la figura más visible del proceso de paz. Esto no significa, ni mucho menos, que se esté desconociendo la importancia de sus iniciativas en favor de la paz. El otorgamiento de premio Nobel de Paz, a pocos días del fracaso de la campaña por el “Sí”, muestra la importancia de la tarea emprendida, pero internamente las derechas seguían conservando capacidad de iniciativa.

Sí, hubo desinformación en las redes sociales y en los medios de comunicación; el odio como relación social hizo de las suyas; la iglesia católica, salvo dos o tres obispos, hizo gala de una neutralidad sesga- 14 30 EL TOPO Edición No. Coyuntura Politica Nacional da hacia el “No”; las cerca de seis mil iglesias promovieron también el “No”; la clase política calló; figurones del régimen y del establecimiento vociferaban por la paz, pero su gestualidad invitaba al “No”. Tales dinámicas, junto a otras de igual o mayor calado, como la confesión de parte de Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña por el “No” dentro del uribismo, publicada en el diario La República el 16 de octubre, revelan de forma clara que en el país profundo referido antes, multiforme y de múltiples voces, habitado por clases sociales antagónicas, las sensibilidades y percepciones en relación con el gobierno nacional eran encontradas. Y las más de las veces, negativas.

Los diálogos y las negociaciones por la paz no se dieron dentro de un país de cucaña. La polarización política e ideológica de signo negativo estaba a flor de piel dentro del tejido social. No sólo era la rabia social inducida por la derecha ante las conquistas de los movimientos feministas y de la comunidad LGTB, y por los logros contenidos en los Acuerdos de Paz firmados por las partes el 26 de septiembre en Cartagena. Era y es también, la genuina rabia social de los pobres de la ciudad y el campo ante un gobierno plutocrático y empobrecedor, en uno de los países con más desigualdades económicas y sociales en América Latina, después de Haití. Había conflictos y desencuentros entre las clases dominantes, y rabia social e indignación entre las clases desposeídas. Por eso el discurso oficial sobre la paz tuvo poca aceptación

Del lado de los de abajo, las burocracias sindicales se resignaron a suscribir pálidos comunicados en favor de los diálogos de paz. Las izquierdas multiformes y despolitizadas, anarquizadas en sus estructuras partidarias y de grupo, tuvieron un desempeño mediocre ante los desafíos de la coyuntura política. El Frente Amplio por la Paz no pasó de ser la expresión de una izquierda sumisa ante el gobierno nacional, con cuota ministerial y afectada por procesos de cooptación. Nunca como ahora, en una coyuntura política tan importante, ha sido más visible y patética la crisis del programa socialista y la lucha por una República de las y los trabajadores.

De ahí que la falta de iniciativa política por parte del gobierno nacional y de su coalición de partidos, como del conjunto de las izquierdas, fuera capitalizada por el Centro Democrático como expresión partidista y organizada de la derecha. Ya se sabe, pero se olvida con frecuencia, que las sociedades no admiten vacíos. Álvaro Uribe Vélez no es jefe político ni lidera a los 6.500.000 sufragantes que votaron por el “No”. Las pasadas elecciones para gobernadores y alcaldes, asambleas departamentales y concejos municipales, dejaron en evidencia su precaria fuerza en las regiones: 1.150.000 votos, frente a un censo electoral de más de 32.000.000 de potenciales votantes. Las masivas movilizaciones de los estudiantes el 5 y el 12 de octubre, acompañados de amplios sectores que 15 30 EL TOPO Edición No. votaron el “Sí” y el “No”, reclamando “acuerdo ya “ y el derecho a la paz, muestran otra realidad. La campaña por la abstención se le antojó confusa e inasible, en lo cual tenía la razón. Por eso se apropió de la bandera del “No”. Así hubiese sido derrotado, un resultado abultado en su favor habría sido contundente para fustigar y desacreditar el “Si”. Ahora bien, el triunfo del “No”, más que el triunfo de un partido, es el triunfo de una divisa como espectáculo, que canalizó las emociones y desencuentros ya referidos, donde los medios de comunicación estaban en su elemento. Y como espectáculo, el presidente Santos también estaba y está en su elemento, solo que, como figura bonapartista, arbitrando las diferencias, para lograr así recomponer su capacidad de iniciativa y de maniobra.

Así las cosas, ¿cuál es la perspectiva ante el impase político generado por el ”No”? Seguir el derrotero trazado por los estudiantes con sus masivas manifestaciones en diferentes ciudades del país en defensa del Acuerdo final, acompañados por distintos sectores de las corrientes por el ”Sí” y por el “No”. La iniciativa política no se le puede dejar a las derechas ni los pregoneros de la “sin política”. Lo mismo debe ocurrir con el Acuerdo que resulte de la segunda ronda de negociaciones en la Habana, después del 2 de octubre. El país necesita la paz como fundamento de su vida social y política, como condición de posibilidad, garantía y validez de los derechos fundamentales. Es ésta la verdadera fuente de legitimidad de un régimen político. No las maniobras e iniciativas palaciegas de un presidente bonapartista.

Los de abajo, los trabajadores y trabajadoras, los oprimidos, los desiguales de todas las condiciones, las minorías nacionales, los movimientos feministas y la comunidad LGTB, necesitan la paz como relación social para presentar y tramitar sus reivindicaciones, es decir, para realizar la lucha de clases; para que no los asesinen y desaparezcan por promoverla. Necesitan de una legalidad democrática para crecer y hacer oír sus pensamientos y puntos de vista sobre la realidad política nacional, y, por qué no, para abrirle paso y reconocimiento a un programa socialista de carácter anticapitalista, ecologista y feminista. La barbarie capitalista es hoy es más voraz que nunca, y para luchar contra esa barbarie, se necesita la paz política, la paz como estado social. Por ello, el pacto político nacional que algunos reclaman para el postacuerdo, no puede ser otro que el Acuerdo definitivo que resulte de la segunda ronda de negociaciones en la Habana. Lo demás, es conciliación de clases.

 


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