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17 de abril de 2017

¿Conque no era un impuesto?

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A propósito del cierre del matadero municipal y el descubrimiento de que no pagaban el impuesto de degüello, los responsables de no cobrarlo (los ex alcaldes Fernando Ortiz y Guillermo Ochoa) durante sus periodos de gobierno quisieron salirse por la tangente ante responsabilidad fiscal con argumentos falaces. Gracias a dicha omisión el Municipio de Girardota dejó de percibir alrededor de 7 mil millones de pesos en impuestos. La siguiente carta explica con detalle el entuerto. Por Francisco Arbeláez, Julio Osorno y Jairo Ramírez.

Carta enviada a los doctores Delio Posada Restrepo, contralor auxiliar de responsabilidad fiscal; Juan Camilo Velásquez Rueda, contralor auxiliar comisionado; Contraloría General de Antioquia. Asunto: Denuncia por responsabilidad fiscal, formulada el 31 de julio de 2012. Referencia: Cargos por responsabilidad fiscal contra Fernando Ortiz y otros.

Con fundamento en los artículos 95, 267 y siguientes y 365 y siguientes de la Constitución Nacional y en las leyes 42 y 850, de 1993 y 2003, respectivamente, los firmantes nos pronunciamos sobre el escrito mediante el cual el exalcalde Fernando Ortiz y otros, pretenden ser exonerados de los cargos de responsabilidad fiscal que, en buena hora, les ha imputado la Contraloría Departamental de Antioquia.
El escrito dirigido al ente acusador es, ante todo, perverso: está plagado de falsedades, inexactitudes y artimañas tendientes a desorientar a los funcionarios de la Contraloría. Entremos en análisis:
No es cierto que el gravamen de degüello sea una tasa; es un impuesto. La tasa es un pago que se hace a la administración ante un servicio solicitado por el contribuyente y que inmediatamente se le retribuye. Así acontece con las matriculas en las universidad públicas, con los pagos por valorización, etc. Estos tributos tienen una destinación específica, vale decir, solo pueden destinarse a fines concretos: En el caso, a educar al estudiante, a construir la obra de valorización cobrada, etc.
En cambio, el impuesto se le impone al ciudadano sin contraprestación concreta alguna y afecta a toda la población; no a un sector específico. Además, el ente territorial dispone de él de acuerdo a criterios y prioridades que no involucran necesariamente las necesidades de un contribuyente concreto: se paga en Bogotá y se invierte en la Costa; se paga por degüello y se invierte en construir una vía pública.
De otro lado, todas las disposiciones legales sobre la materia se refieren al tributo de degüello como impuesto, no como tasa. Así, Ley 20 de 1908, Ley 8 de 1909, Ley 60 de 1912, Ley 56 de 1918, Ley 31 de 1945, decreto extraordinario 1222 de 1986, etc. Incluso, el estatuto tributario de Girardota, acuerdo 024 de 2008, estipula el de degüello como un impuesto.
Finalmente, la Corte Constitucional, distorsionada malintencionadamente por los recurrentes, siempre ha tratado el tributo de degüello como un impuesto: véanse sentencias  C 545 de 1994, C 080 de 1996 y C 243 de 2005. Fue tajante al afirmar: “No existe ninguna disposición de  carácter constitucional que exima los productos de primera necesidad de la imposición de gravámenes directos o indirectos. El denominado impuesto de degüellograva la actividad del sacrificio de ganado, no el consumo de la carne… Este tipo de impuesto es esencial en la estructura fiscal de las entidades territoriales para el desarrollo eficaz del principio de descentralización”(Corte Constitucional,   C 080 de 1996).
No obstante la claridad de la ley y de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los acusados tratan de confundir al ente de control fiscal, tergiversando, mintiendo, falseando la realidad. Así es el cinismo de la corrupción.
Se dice en el escrito de descargos que no se cobró el gravamen de degüello     –lo cual es totalmente falso – disque porque el tributo era oneroso, desproporcionado; porque era una tasa; porque el municipio podía o no cobrarlo, porque se le encarecía al pueblo el valor de la carne.
Son argumentos vergonzosos, propios de cínicos sin arrepentimiento y penitencia.
En primer término, ya se dijo, el gravamen no es una tasa; es un impuesto.
En segundo lugar, no es oneroso o desproporcionado. Hoy sería de 11.400 pesos aproximadamente, por animal sacrificado, calculados con una tarifa de 0.0175. Por lo demás, había un mandato legal –la Ley y el acuerdo– que ordenaba cobrarlo. La administración estaba obligada a acatarlo.
De otro lado, es falso que el gravamen podía o no cobrarse, pues su cobro lo imponía el mandato legal. Lo que la Procuraduría Regional dijo al respecto es una estupidez similar a la de un funcionario seleccionado a dedo por la clase política nuestra, y a su servicio. Tal decisión está actualmente en manos de la Auditoría General de la Republica.
Se argumenta que de cobrarse el degüello, se encarecería el valor de la carne: una argucia más: el impuesto era mínimo y si se hubiese cobrado, era para beneficiar al pueblo con mejoramiento en salud, educación, aguas, etc. Su destino no era para beneficiar a terceros y menos para financiar campañas de la clase política.
El propio alcalde imputado, Fernando Ortiz, cerró el matadero en el año 2012, medida con la cual se encareció la carne en Girardota, pues los animales se sacrifican en otras poblaciones.
Se señala en los descargos que los servicios del matadero fueron concesionados. Pero si se lee detenidamente el contrato de concesión, celebrado el primero de diciembre de 1999 y adicionado posteriormente en dos oportunidades, de manera ilegal, siempre para favorecer al concesionario en detrimento del municipio, se observa que el concesionario no podía disponer para sí del impuesto de degüello. En las cláusulas quinta y sexta del contrato, se establecen las obligaciones del concesionario y las del concedente, sin que para nada se mencione allí lo relativo al tributo en cuestión.
Además, Fernando Ortiz y su gente no pueden pretender librarse de sus obligaciones administrativas, arguyendo la existencia de la concesión, pues actuaban a dúo con el concesionario, con beneficios económicos y políticos recíprocos.
Pero lo más importante, señores contralores auxiliares: EL IMPUESTO DE DEGUELLO SI SE COBRÓ Y DE HECHO, VENÍA COBRANDOSE EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES A LAS DE LOS IMPUTADOS.
Y ahí, se caen de su peso todas las argucias y las mentiras invocadas.
Según el doctor Germán Gómez, quien fuera alcalde de Girardota, para el año 1998 el impuesto de degüello se cancelaba directamente en la tesorería municipal y para ese entonces era la segunda fuente de recursos propios, después del impuesto de industria y comercio y por encima del de catastro.
A partir de 1999, el impuesto pasó a cobrarlo el concesionario, pero nunca ingresó a las arcas del municipio, a pesar de que no hacía parte de la concesión, como se advirtió en la denuncia. Sobre este aspecto, se ha mencionado suficiente prueba testimonial y documental, entre ellas las guías expedidas por la Tesorería del municipio y de las cuales tenemos copias originales.
El detrimento patrimonial para el municipio de Girardota, del año 1999 al año 2012, es cercano a los siete mil millones de pesos  (pesos 7.000.000.000). En los últimos años, se repartió así, por administraciones y de manera aproximada.

Fernando Ortiz      2004-2007       965.406.000
Guillermo Ochoa    2008-2011      2.251.536.000
Fernando Ortiz       2012              297.150.000

SEÑORES CONTRALORES:
La corrupción ha hecho metástasis en Colombia y en Girardota, desde hace un buen tiempo. A ustedes, más que a la Fiscalía y a la Procuraduría, corresponde frenarla. Ante el pueblo colombiano, deben justificar su existencia, combatiéndola con el rigor de la ley.
La apropiación de los bienes públicos,  o dar lugar a su pérdida en favor de terceros, era castigada en la época de Bolívar y Santander con pena de muerte, como acontece aún en varios países del mundo.
Tenemos derecho a ser escuchados: la providencia en la que se señala la existencia de un detrimento patrimonial contra Fernando Ortiz y otros, debe mantenerse en firme.
De los señores contralores, con el debido respeto.                                                                      
                                                                     


Francisco Javier Arbeláez
Economista
Asesor Financiero  

Julio Alberto Osorno Piza                            
Coordinador del comité regional                 
pro defensa de los servicios públicos       

Jairo Alberto Ramírez Giraldo
Exmagistrado Tribunal Superior   de Antioquia
Profesor  universitario                                                                                   

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