CABILDO ABIERTO POR LEGALIZACIÓN INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

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Desde la Mesa Interbarrial de Desconectado hemos afirmado que nuestros barrios y viviendas son zonas de alto costo con necesidad de inversión, pues fueron construidas por personas basadas en la búsqueda de una necesidad fundamental, que es la vivienda, sin el apoyo de ninguna entidad del estado y con pocos recursos.

Sin embargo, las últimas administraciones públicas desde la implementación de su modelo de ciudad y el plan de ordenamiento territorial no han priorizado el mejoramiento de los sectores autoconstruidos de la ciudad, negando la posibilidad de regularización de barrios y legalización de predios, así como la implementación de un plan de gestión y mitigación de riesgos.

Percibimos que para el gobierno local es más cómodo escudarse en un discurso técnico, afirmando que al ser zonas de alto riesgo, se restringe cualquier intervención, sea de instalación de servicios públicos, mejoramientos de vivienda, legalizaciones de las mismas u obras públicas que mejoren las condiciones de accesibilidad, de esta manera desconocen las propuestas comunitarias, evitan concertar con organizaciones barriales y niegan una participación efectiva frente a la toma de decisiones en nuestros territorios.

Muchas organizaciones comunitarias en la ciudad de Medellín, como son ASOBELCO en las Independencias -Comuna 13-, ASOLAVIDI desde la Cruz -en la comuna 3-, mesa de vivienda de Picachito -en la comuna 6-, mesa de concertación del morro de Moravia -comuna 4-, mesa de vivienda de la comuna 8 y muchas otras más, integradas por líderes de barrios gestionados por sus mismos habitantes, nos hemos tomado la tarea de pensarnos el futuro de nuestros territorios, analizar y entender las principales problemáticas, así como buscar las posibilidades para resolverlas.

Nos hemos asesorado con universidades, ONG’s y otras entidades afines, a la vez que realizamos procesos de formación permanente y continuos que nos permitan entender las lógicas técnicas del ordenamiento territorial, así como las dinámicas burocráticas y políticas que ello implica.

De ahí que, hayamos construido propuestas traducidas en planes de vida, planes de desarrollo barrial, lineamientos de políticas públicas, planes de gestión comunitaria de riesgo, que buscan fundamentalmente garantizar la permanencia en condiciones de dignidad en nuestros barrios.

Por lo tanto, hemos buscado generar espacios de concertación con la institucionalidad que
permitan la consolidación de una apuesta juiciosa y direccionada al mejoramiento integral de barrios, hemos participado en debates del concejo para la aprobación de los planes de
ordenamiento territorial y de desarrollo, hemos requerido reuniones con funcionarios de
entidades encargadas del manejo de las políticas de intervención urbanística en Medellín, hemos gestionado comisiones accidentales, asambleas barriales, audiencias comunitarias, entre muchas otras acciones de iniciativa comunitaria para generar canales de debate con la alcaldía y posicionar nuestras propuestas, sin embargo los resultados han sido mínimos.

Las relaciones entre las organizaciones comunitarias y la institucionalidad han tendido a ser de antagonismo, la alcaldía ha insistido en proyectos que no son prioridad en los barrios, basados en grandes infraestructuras y la ampliación de espacio público como son las Uvas, el jardín circunvalar y otras estrategias que le apuestan más a la renovación y al movimiento que al mejoramiento y la permanencia.

Si Medellín ha sido una ciudad atravesada históricamente por el conflicto, la desigualdad social y la segregación espacial; si ha sido un epicentro de llegada de población desplazada y empobrecida, ¿por qué la institucionalidad insiste en las deficiencias que hay en los barrios, en vez de proveer el acompañamiento técnico para su mejora? ¿Por qué insiste es expulsar a las personas de los territorios y a cambio pagar arrendamientos temporales- que profundizan el déficit habitacional en Medellín-? ¿Por qué no genera escenarios de participación e interlocución permanentes con las organizaciones barriales para tomar decisiones frente a las prioridades de inversión e intervención en los sectores autoconstruidos? ¿Por qué no trabaja mancomunadamente con las comunidades
desde el programa de Mejoramiento Integral de Barrios?

Como vemos en Medellín hay prioridades de intervención infraestructural como son parques del rio, sistemas de transporte integrado, oferta de viviendas nuevas y renovación de sectores para incentivar la inversión y la llegada de capital extranjero, pero al parecer, la transformación de los barrios no es una de esas prioridades. Las decisiones en la ciudad, frente al ordenamiento territorial, además de ese rigor técnico tienen un interés económico y político infundado que aún estamos por interpretar.
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