La Paz Traicionada y el Rearme Político de la Izquierda

Realizado por Rosa Roja [*]

Por, Eduardo Nieto

Al cumplirse un año de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, crece la expectativa sobre la suerte del mismo luego del tortuoso rumbo que ha venido tomando su implementación. Entre buena parte de la opinión pública, así como en diferentes sectores sociales y políticos se tiene la percepción de que el logro de la paz corre el riesgo de frustrarse una vez más, después de cuatro años de arduas negociaciones que dieron lugar a un pacto considerado como el mejor acuerdo posible para terminar el conflicto armado interno sobre bases democráticas.

En verdad, el acuerdo negociado por Santos y las Farc es un pacto político que sienta las bases para una paz real y posible. Así fue considerado en su momento por amplios sectores de la sociedad colombiana y la comunidad internacional que respaldó la negociación. Es un acuerdo que además abre las puertas para que en Colombia se lleven a cabo reformas de orden social, político e institucional encaminadas a democratizar la vida política nacional y a generar mejoras en la forma de vida de buena parte de la gente del campo. Por el alcance y contenido de las reformas previstas, éstas constituyen un programa de transformaciones democráticas de inmenso valor histórico y político, como quiera que en estas materias la sociedad colombiana registra un retraso estructural de muchísimos años, lo que a su vez se ha constituido en la causa objetiva que ha dado origen al alzamiento armado y a una larga tradición de violencia y exclusiones de todo tipo.

Sin embargo, por la actitud del Gobierno y la reacción del establecimiento en esta primera fase de implementación del acuerdo, surgen serias dudas de que las clases dominantes estén dispuestas a garantizar su ejecución. En efecto, lo acordado en La Habana y luego en el Teatro Colón viene siendo sometido a una profunda renegociación en el seno del Congreso de la República, en una maniobra que compromete a diferentes sectores políticos y al Gobierno mismo, así como al Fiscal General de la Nación y a la Corte Constitucional. Cuenta así mismo con el respaldo del empresariado y de algunos medios de comunicación. Tras esta renegociación, las reformas fundamentales que conforman la base del pacto de paz corren el riesgo de quedar convertidas en instrumentos inocuos algunas, en tanto que otras ni siquiera serán consideradas.

La maniobra en curso cobra no sólo los alcances de una traición de lo pactado, sino que además confirma lo que ha sido una constante histórica del establecimiento: las clases dominantes del país son refractarias a las reformas democráticas y a la modernidad. Detrás de esta posición se articula una amalgama de intereses que vinculan tanto a aquellos sectores que viven del atraso y el conservadurismo cultural, social y político de la sociedad colombiana, como a aquellos otros ligados a las más avanzadas y modernas formas de producción capitalista, quienes históricamente y desde los orígenes de nuestra formación social renunciaron al reto que supone la constitución de una república erigida en los valores de la democracia social y la modernidad política y cultural. La traición de lo pactado con las Farc no es sino la forma coyuntural en la que hoy se expresa aquella renuncia histórica.

A despecho de quienes en algún momento se hicieron ilusiones, la verdad escueta es que en Colombia no existe desde el punto de vista histórico y estructural fracción significativa de la burguesía ni de los partidos del establecimiento dispuesta a comprometerse con la ejecución de la reformas sociales, políticas e institucionales contempladas en el pacto de paz. Políticamente ello sería posible si por el concurso de determinadas circunstancias asistiéramos a la irrupción de un levantamiento de masas urbanas y rurales que tomara como bandera suya la exigencia del cumplimiento real de lo pactado y obligara al Gobierno a su ejecución. Pero, justamente, el proceso de paz perdió el dinamismo que traía cuando entró en su fase de implementación y la movilización social que lo acompañó pasó a un estado de marcado reflujo. Fue entonces cuando los sectores contrarios al acuerdo de paz tomaron la iniciativa e impusieron su renegociación en el seno del Congreso, sin que ello contara con un serio compromiso del Gobierno y sus aliados para evitarlo. Y en esto radica precisamente el giro que ha venido tomando la situación política del país.

Constatado el hecho de que los sectores de la burguesía y de la clase política que pactaron el acuerdo de paz con las Farc han venido desertando de esta causa, tomando posición al lado de quienes siempre fueron contrarios a la misma y unificados hoy bajo la bandera de que tales acuerdos sean renegociados en el Congreso de la República o rediseñados en sus alcances por un nuevo gobierno, le toca a la izquierda revolucionaria enfrentar las consecuencias e implicaciones políticas de esta realidad. Y para ello es preciso propiciar un verdadero rearme político e ideológico de la misma, en lo programático tanto como en lo estratégico y lo táctico, sin lo cual no es posible entender lo que ha venido ocurriendo con la implementación del acuerdo de paz ni acertar en la manera de enfrentar la nueva situación. Tramada la traición del acuerdo de paz, se impone el rearme político del conjunto de la izquierda.

El curso tortuoso que ha tomado el acuerdo de paz en su fase de implementación coincide con el inicio de la campaña electoral para Congreso y Presidencia de la República, y probablemente se constituya en factor determinante del contenido político de esta campaña, así como del alinderamiento de las fuerzas sociales y políticas durante la misma. Es el tema que atraviesa transversalmente la campaña electoral en marcha.

Para un gran sector de la burguesía del campo y la ciudad, las reformas democráticas pactadas en La Habana, particularmente las relativas al tema agrario, constituyen un pesado fardo del que hay que deshacerse de cualquier forma. Para otro sector, que posa de moderno, democrático e incluyente, se trataría simplemente de una audaz operación de saneamiento jurídico de los títulos de propiedad agraria que aseguren la transparencia de los negocios en el campo y garanticen condiciones políticas y sociales favorables para la inversión y la rentabilidad del capital en ese sector de la economía. Pero ni en uno ni en otro sector hay verdadera voluntad democrática para enfrentar la problemática social del campo, aunque sea en los términos pactados en el acuerdo de paz. Como tampoco la hay respecto a la necesidad de una reforma realmente democrática del sistema político y sus instituciones. Así lo deja ver el comportamiento de buena parte de la clase política durante el trámite de las reformas derivadas del acuerdo de paz durante las pasadas sesiones ordinarias del Congreso. Y así se desprende igualmente de las primeras declaraciones de los candidatos presidenciales de las diferentes fracciones políticas del partido del orden, quienes se esfuerzan en acentuar naturalmente las diferencias de matices entre ellos.

Así las cosas, le corresponde a la izquierda convertir el cumplimiento y ejecución del programa de reformas democráticas en el tema central de debate y agitación de la coyuntura electoral. Este programa reúne potencialidades movilizadoras capaz de imprimirle dinámicas explosivas y revolucionarias a la lucha de clases en el campo, conforme se vio en el inmediato pasado. Es un tema que atañe y compromete no sólo a la Farc y sus bases de apoyo, sino también al conjunto de la izquierda y los trabajadores. Y en tanto la situación de pobreza extrema y exclusión social que el neoliberalismo ha generado en los centros urbanos del país no es menos grave, será preciso ligar el programa de las reformas democráticas por la paz a la exigencia de otras reformas sociales que convoquen a las masas obreras y plebeyas de las ciudades, así como al rechazo del extractivismo y la defensa de la causa ambientalista sostenida hoy por muchos pueblos regados en gran parte de la geografía nacional. Son temas insoslayables en un programa de la izquierda para la coyuntura actual y de cara a las elecciones venideras, cuando lo que estará en juego es la decisión política de quién gobernará al país durante el próximo período.

Sin embargo, contrariando la lógica del desenvolvimiento real de la lucha de clases en el período y lo que ésta exige políticamente de la izquierda, buena parte de sus dirigentes y organizaciones han dejado ver en estos momentos un manifiesto interés por personajes como Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, de quienes no cabe duda representan expresiones políticas del orden social. Para algunos agrupamientos de la izquierda, el hecho que De la Calle haya oficiado como jefe negociador del Gobierno en La Habana lo habilita como el dirigente político a quien se le puede confiar el cumplimiento e implementación del acuerdo de paz. Por tal razón, este sector ha decidido promover la idea de proyectarlo como el eventual candidato presidencial llamado a unificar todas las fuerzas ubicadas en la izquierda y en el centro del espectro político nacional, buscando reeditar las alianzas y el bloque de fuerzas que promovió la opción del SI durante el plebiscito de la paz, todo lo cual es presentado como una audaz estrategia con la que se pretende cerrarle el paso a un eventual triunfo electoral de la extrema derecha representada en Vargas Lleras y Uribe, presentados como los símbolos de la reacción y la antidemocracia. Por su parte, otro sector de la izquierda dice de Sergio Fajardo que su paso por la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia lo ha convertido en un dirigente político incluyente, moderno y adalid de la anticorrupción y la moral pública, cualidades que lo posicionarían como la mejor opción política del momento para superar la crisis y la polarización política del país. La presencia de estos personajes en la oferta política de la izquierda para la coyuntura no podría explicarse sino como parte de una ya larga y nefasta tradición, cuyas raíces deben ser buscadas en el legado estalinista de la revolución por etapas y la conciliación de clases encarnada en la estrategia del frente popular, una política de alianzas que subordina la independencia de los trabajadores y la izquierda a la hegemonía de la burguesía y sus partidos supuestamente democráticos.

Del hecho cierto de que las aspiraciones y demandas por reformas democráticas tiene un peso significativo en las luchas sociales y políticas de los de abajo en Colombia, esta izquierda saca la conclusión de que es insoslayable que el proceso histórico del país deba pasar previamente por una etapa de transformaciones de carácter democrático antes de plantearse transformaciones más radicales de tipo anticapitalista y socialista. Según esta conclusión, tal etapa de transformaciones democráticas corresponde liderarla a la burguesía democrática y sus fracciones políticas, frente a lo cual la izquierda  jugaría el papel de aliado y acompañante, en el mejor de los casos. Para esta izquierda, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc ha puesto en el orden día la posibilidad inmediata de hacer realidad las transformaciones democráticas que la sociedad colombiana requiere para poder avanzar en su evolución histórica y por la que muchos sectores oprimidos y explotados han luchado tanto tiempo. De acuerdo con esta concepción estratégica, la mejor manera de hacer realidad dicha posibilidad sería buscando y apoyando lo que en Colombia más se parezca a la burguesía democrática para que lidere dicho proceso, la que parece haberse hallado tras la interlocución con De la Calle y Fajardo, así la realidad enseñe que esa búsqueda no pasa de ser un esfuerzo estéril y en contravía de la evidencia histórica.

La expectativa de la izquierda respecto a Humberto de la Calle y Sergio Fajardo guarda correspondencia con los referentes estratégicos y políticos con los que este sector se ha conducido durante el período, desde el inicio de las negociaciones de paz con las Farc. En efecto, en todo este tiempo, el grueso de la izquierda colombiana ha partido de la idea, explícita unas veces y tácita otras, de que el sector del establecimiento que rodeó al Gobierno durante la negociación del acuerdo de paz con las Farc lo acompañaría en la fase de implementación del mismo, bajo el supuesto de que dicho sector estaba comprometido con tal opción. De lo que se trataba entonces era de marchar a su lado para darle mayor legitimidad política y respaldo popular al proceso, protegiéndolo de los ataques y saboteos de la extrema derecha, a la que se percibía como la representación del atraso histórico y político dentro del sistema pero que había sido derrotada tras la firma del acuerdo de paz. La más acabada elaboración de esta idea aparece en Las Tesis de abril, el documento central discutido y aprobado por el Congreso de fundación del partido de las Farc. Allí se formula una estrategia política para el período cuyos elementos centrales se desgranan a partir de la tesis según la cual la firma del acuerdo de paz ha dado lugar a una fase de transición política hacia una etapa inicial cuyo cometido fundamental sería la conquista de una formación socioeconómica moderna y democrática, basada en un sistema político igualmente democrático, limpio y transparente. El eje central de esta estrategia vendría a ser la conquista de un gobierno de transición, al que correspondería la ejecución e implementación plena de las reformas derivadas del acuerdo de paz. Según las citadas Tesis, tal gobierno de transición sería producto de la más amplia coalición democrática entre los sectores políticos y sociales interesados en lograr la paz con justicia social. Con este planteo estratégico las Farc deciden, ya convertidas en partido político, participar en la próxima contienda electoral y contribuir a la formación del gobierno de amplia coalición del cual aspirarían hacer parte.

Afines a esta idea aparecen el Partido Comunista Colombiano, la UP y Marcha Patriótica, organizaciones estas que en sus últimos congresos y reuniones nacionales tomaron decisiones que se inscriben en esta perspectiva política. Partidos de centro y de centro izquierda, como Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo, hoy aliados del confuso y difuso Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, en términos generales participan igualmente de la misma estrategia, así respondan a otra tradición y referentes histórico-políticos en su formación. Lo mismo habría que decir de los agrupamientos liderados por Gustavo Petro y Clara López.

Y es justamente esta idea estratégica la que la izquierda tiene que revisar a fondo si en verdad está dispuesta a rearmarse políticamente para hacerle frente a la situación que se ha abierto con el incumplimiento del acuerdo de paz y el reposicionamiento que la burguesía y sus partidos han tenido frente al mismo. Tal revisión tiene su punto de partida en la convicción fundada y ya repetida varias veces de que en Colombia no hay fracción de la burguesía ni del partido del orden dispuesta a llevar hasta el final las tareas históricas que debieron realizarse con el advenimiento de la modernidad, y que suponen la democratización de la propiedad agraria y del sistema político, tareas estas que la burguesía no fue capaz de emprender en el momento histórico en que se elevó a la condición de clase dominante y asumió el comando de la sociedad y el Estado, frente a las cuales ha demostrado por lo demás no estar interesada ni dispuesta a avanzar un ápice, a pesar del apoyo directo o indirecto de sectores de la izquierda.

Constatada la incapacidad de la burguesía y sus partidos para concluir lo que desde el punto de vista histórico supuestamente le correspondía hacer, carece de sentido que parte de la izquierda colombiana persista en la estrategia menchevique de poner en manos de una supuesta burguesía democrática el encargo de liderar la implementación de las reformas democráticas derivadas del acuerdo de La Habana. Tal estrategia es inviable y no pasa de ser una ilusión carente de bases reales, con implicaciones nefastas para la izquierda y los de abajo, así como para la suerte de las conquistas democráticas. Por un lado, porque todo indica que el grueso del establecimiento estaría jugado por una opción contraria al cumplimiento real y cabal de las reformas derivadas del pacto de paz, y por otro, porque las figuras escogidas como representantes de la denominada burguesía democrática tienen en realidad poco peso y capacidad para determinar el rumbo del establecimiento o de una fracción importante de éste. Humberto de la Calle y Sergio Fajardo son ciertamente figuras políticas del establecimiento, tal vez llenos de buenas intenciones, pero no traducen ni expresan hoy la orientación y posición hegemónica dentro del mismo. Podrían expresar la voz modulada de algunos representantes del orden en algunos temas de la agenda política del país, pero sus voces no expresan las prioridades de la agenda del establecimiento. Sus voces son voces marginales dentro de éste. Ni De la Calle ni Fajardo son capaces de convencer al establecimiento para llevar a cabo las reformas democráticas, y sería una ilusión pensar que puedan evolucionar en una perspectiva socialista. Por eso, sus opciones políticas representan el pantano. Y es que todo parece indicar que el establecimiento tienda hoy a expresarse a través de otras voces, de voces recias, que le brinden seguridad y confianza, sintomático por lo demás de que el período de las veleidades reformistas, ha concluido. Desarmada la guerrilla más grande y antigua del Continente, lo que se impone es la restauración plena del orden.

Lo que la izquierda tiene que plantearse sin vacilación alguna es la decisión de ser gobierno. Porque un gobierno de la izquierda y los trabajadores es la única garantía de que el programa de las reformas democráticas, como fundamento de la paz real, pueda en verdad implementarse a cabalidad y en estrecha conexión con las otras reformas sociales en beneficio de las masas urbanas y contra el neoliberalismo y el extractivismo. Tal opción estratégica tiene como fundamento la convicción de que las transformaciones democráticas pendientes aún entre nosotros, tienen posibilidad de ser realizadas siempre que las mismas se planteen como parte de un programa revolucionario de transformaciones anticapitalistas y socialistas, con participación directa y efectiva de los trabajadores y las masas plebeyas de la ciudad y el campo. De manera que sólo en el contexto de la transición hacia el socialismo, con un gobierno de la izquierda revolucionaria y los trabajadores, las reformas democráticas tendrían la posibilidad real de su realización histórica. Lo demás serían caricaturas de transición.

    Esta opción requiere tiempo y constancia construirla, porque ella implica sentar las bases que propicien un cambio en la correlación de fuerzas sociales y políticas a favor de la revolución social. Supone además superar el inmediatismo y el cortoplacismo con que suele trabajar la izquierda. Pero sobre todo, requiere revisar el tacticismo que ha convertido a parte de la izquierda en una fuerza politiquera y reformista, ávida de obtener posiciones en la institucionalidad estatal pero desdeñosa al mismo tiempo en la necesidad de preparar el asalto de la fortaleza enemiga, cometido fundamental de la estrategia revolucionaria.

 



Entrada en: http://ift.tt/2BtU0eu
La Paz Traicionada y el Rearme Político de la Izquierda La Paz Traicionada y el Rearme Político de la Izquierda Reviewed by Foro Social Urbano Alternativo y Popular on 16:41 Rating: 5

Envíanos un mensaje


Con tecnología de Blogger.