Contraloría responde a denuncia contra concejal girardotano

Realizado por Pueblo
Concejal girardotano Ronbinson Hernández firmó contrato con una persona sin bachillerato para que diera capacitaciones al Concejo.


Redacción Pueblo
La Contraloría de Antioquia acaba de expedir un informe sobre la denuncia instaurada contra del concejal Robinson Hernández, reseñada aquí hace unos meses. Este ente de control decidió llamar a juicio fiscal al mencionado concejal y encontró por lo menos seis irregularidades en los contratos que celebró con el señor Francisco Madrid para supuestas capacitaciones.

Lo dicho por la Contraloría confirma las denuncias que se hicieron hace unos meses por éste medio y termina dando la razón en todos los hechos que fueron reportados sobre las ilegalidades que se cometieron en la celebración de dichos contratos, con los cuales se habrían perdido alrededor de 30 millones de pesos del erario público.
En el informe, la Contraloría sostiene que desde el Concejo Municipal se ha incurrido en una serie de ilegalidades, desde violar la obligatoria publicidad de los contratos estatales, al no publicarlos como es obligación, hasta aportar los certificados del contratista solo después de haberle otorgado el contrato, así como violar la obligación de otorgar estos contratos por concurso público y en cambio adjudicarlos “a dedo”.
También, agrega la Contraloría, no se fue claro con el objeto a contratar ni con la cantidad de dinero invertido en los supuestos materiales para la capacitación. Dichos materiales no aparecen y de las capacitaciones no hay pruebas de que se hubieran realizado efectivamente.
También se evidencia, según la Contraloría, que el Concejo, a través de su entonces presidente, usó indebidamente la figura del contrato de prestación de servicios, ya que, según la ley, esta clase de contratos se deben suscribir con personas calificadas y con nivel de estudios profesionales, mientras que el ente de control pudo descubrir en su investigación que el señor Francisco Madrid ni siquiera tiene título de bachiller y sólo acredita estudios hasta el grado noveno.
A pesar de ello fue contratado por el concejal Robinson Hernández para dar capacitaciones al Concejo sobre derechos fundamentales, económicos, sociales y de medio ambiente y su rango constitucional.  
Por todos estos hechos, la Contraloría de Antioquia encontró méritos para llamar a juicio fiscal al señor Hernández y a su contratista, y de encontrarse responsables, podrían ser sancionados con inhabilidad y destitución, además de tener que devolver los más de 30 millones de pesos perdidos con dichos contratos.
Adicionalmente, en el mismo informe la Contraloría también menciona que por estos hechos puede también configurarse una falta gravísima disciplinaria, por lo cual remite a la Procuraduría para que también realice la investigación del caso; y hace lo mismo con la Fiscalía General, pues menciona que también podría configurarse el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
El concejal Robinson Hernández ha difundido varios comunicados en su defensa sobre esta denuncia. Pero nunca ha querido referirse concretamente a los hechos que se le señalan sobre los contratos celebrados y los 30 millones perdidos. Se ha limitado siempre a señalar que se trata de difamaciones y supuestas motivaciones políticas para manchar su nombre. Con el aval que ahora da la Contraloría, sus razones de defensa se quedan sin piso, y tendrá que presentarse ante este ente de control para dar las explicaciones del caso, más allá de hablar de su buen nombre y poner a Dios como testigo de su probidad, como se ha limitado a hacer hasta ahora.  
En algún comunicado llegó incluso a citar una frase del Papa Francisco en su visita al país. Lo hizo para buscar tildar de “cizaña” a las denuncias que se le hicieron. Quizás olvidó citar también otra frase que dijo el Papa, refiriéndose a la corrupción en la política, que carcome al país: “El diablo entra por el bolsillo”.




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